Contra la fe pública

Registros civiles falsos, organizaciones dedicadas a entregar identidades mentirosas que benefician por igual a delincuentes nacionales y extranjeros, a inmigrantes ilegales o a miembros del Eln y de todas las organizaciones criminales. Ese es el cuadro de unos hechos que ponen en duda el papel de la Registraduría del Estado Civil como guardiana de la fe pública.

La investigación realizada por un diario de la capital de la República sobre “la mafia transnacional que ronda la Registraduría” es más que alarmante. Según los datos allí consignados, organizaciones que cuentan con el apoyo de funcionarios de esa entidad han montado lucrativos y peligrosos negocios para entregar los documentos que los acredita como colombianos a personajes sospechosos de tener relación con grupos terroristas internacionales o narcotraficantes y a ciudadanos venezolanos necesitados de la trampa para quedarse en nuestro país.

De acuerdo con la investigación, la mafia, una organización criminal transnacional, ha penetrado las oficinas de la Registraduría en por lo menos doce departamentos colombianos entre los cuales se encuentran algunas del Valle. Los estimativos llegan a 60.000 registros civiles falsificados que han servido para expedir cédulas y pasaportes, “convirtiendo en colombianos a extranjeros” por arte de magia, según un miembro de la inteligencia nacional.

Y queda la red que facilita a los integrantes del Eln y de las organizaciones criminales el cambio de sus identidades para evadir la Justicia, para registrar muertes ficticias que terminen los procesos jurídicos contra los delincuentes o para realizar toda suerte de fechorías y estafas contra la fe pública. Según el Registrador Nacional, y luego de realizar decenas de auditorías en las oficinas regionales y municipales, a la fecha se han destituido 10 funcionarios de la dependencia a su cargo, suspendido a 28 y denunciado a 36 por “delitos que van desde tráfico de inmigrantes hasta falsedad en documento público y prevaricato”.

Lo descubierto y denunciado hasta el momento desnuda una amenaza a una de las instituciones que debería ser protegida con más rigor en el Estado, pues se encarga de resguardar la fe en la ciudadanía colombiana. Y, además, entregar el acceso a derechos fundamentales como el de la ciudadanía, el de elegir y ser elegido o el de realizar negocios como acceder al sistema financiero y poder ser parte de la administración pública.

Ahora mismo, Colombia está inmersa en un proceso democrático para elegir a sus autoridades regionales y municipales. La pregunta es hasta dónde han llegado esas mafias que venden registros civiles y cédulas de ciudadanía y qué tanto será afectado ese certamen, uno de los más importantes para la Nación, por lo que ha sido descubierto en la Registraduría , narrado por la investigación periodística y confirmado por el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.

Lo que está en juego es ni más ni menos que la fe pública, la autenticidad de los documentos que reconocen la nacionalidad colombiana y permiten el ejercicio de la ciudadanía en nuestro país y en el extranjero.
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