Contra la credibilidad del Acuerdo

Hasta hace una semana, los avances del proceso para terminar el conflicto con las Farc hacían pensar en progresos evidentes pese a dificultades y no pocas críticas al respecto. Hoy aparecen nubarrones sobre las verdaderas intenciones de ese grupo y sobre su compromiso con la verdad y la reparación a las víctimas.

Las buenas noticias tuvieron que ver con el desarme que, monitoreado por la delegación de las Naciones Unidas, llevó a pensar que se terminaba esta guerrilla como el movimiento armado que tanto daño causó a Colombia durante 50 años. Aunque ese proceso no ha terminado porque faltan muchas de las llamadas caletas, lo cierto es que en todas las Zonas Regionales de Desmovilización se produjo la entrega del arsenal en manos de los 7000 combatientes que las Farc declararon como sus integrantes.

También se produjo la desmovilización hacia esas zonas, que se convierten en territorios de reinserción según el Acuerdo firmado en el Teatro Colón. Y en las próximas semanas se espera el lanzamiento de su partido político, lo que debería tomarse como un paso fundamental en su reintegración a la vida civil y a la sociedad que antes era el blanco de su violencia.

En medio de esa transición se desarrollan en todas las instancias del Estado las acciones para desarrollar el Acuerdo y las adecuaciones que el Gobierno considera necesarias en el aspecto jurídico. Y como debe esperarse en una democracia, existen puntos de vista distintos acerca de ese proceso, que sigue adelante mientras la Corte Constitucional continúa cumpliendo su papel en la guarda de la Constitución y de sus principios.

Lo malo es lo que ha sucedido esta semana que termina con la declaración de las Farc sobre los bienes que debe entregar como parte fundamental de los compromisos que adquirió durante los años que duró la negociación. Son bienes que deberán usarse para la reparación a las víctimas y que deberían ser entregados en su totalidad, como demostración de buena fe y de la intención de superar la confrontación para buscar la paz.

Pero no parece haber sido así, pues el inventario entregado parece más bien una burla y da a entender que no existe la buena voluntad sobre la cual se basa una negociación seria. Sin entrar en detalles, la citada lista es una manera de salir del paso, mientras los dirigentes de ese movimiento se empeñan en exigir que es al Estado al que le corresponde asumir todas las obligaciones, en primerísimo lugar, la reparación a las víctimas.

Hoy, el país en general ha reaccionado contra una actitud que incluye la descalificación de quienes, como el Fiscal General de la Nación, cumple su misión de proteger los intereses de la sociedad colombiana y de impedir que se incumpla una obligación solemne como es la entrega de la enorme fortuna adquirida en forma ilícita por las Farc.

Como resultado, crecen las sospechas sobre el compromiso de ese grupo con la negociación. Nada sería más nocivo que mantener esa actitud, con la cual se le da un golpe al Acuerdo y se le causa un daño enorme a las víctimas que esta guerrilla se comprometió a resarcir.