Contra la corrupción

Todo esfuerzo para acabar con la corrupción en Colombia debe ser bien recibido. En ese sentido hay que reconocerle a la plenaria del Senado la aprobación de la consulta anticorrupción, iniciativa que obtuvo 84 votos a favor y cero en contra.

Llegar a este punto requirió de un arduo trabajo, que comenzó con la recolección de casi cinco millones de firmas para avalar la propuesta. Luego de varios aplazamientos y de críticas por el oportunismo político que podría suponer en plenas elecciones legislativas y presidenciales, el martes anterior se logró votar la propuesta y quedaron definidas las siete preguntas que contendrá la consulta.

Cinco de esas preguntas, las cuales abordan asuntos como la transparencia en la contratación, cárcel sin beneficios para los corruptos, rendición de cuentas, publicación de los ingresos personales y participación ciudadana en los presupuestos públicos, están consignadas en la Constitución y en las leyes que castigan a quienes son condenados por delitos relacionados. Las otras dos, que se refieren a la disminución del salario de los congresistas y a establecer un límite máximo de reelección en las corporaciones de elección popular, bien podrían hacer parte de una reforma política.

Al convocar a los ciudadanos a las urnas para se pronuncien en contra de la corrupción se está ante todo enviando el mensaje de que el país ya no acepta más esas prácticas delincuenciales que destruyen la confianza, esquilman los recursos públicos e impiden atender las necesidades de los colombianos tanto como el desarrollo del país. En ese sentido, la iniciativa debe ser respaldada como la expresión del sentimiento nacional contra uno de los peores males.

Pero debe reconocerse ante todo que la consulta es un paso más en ese propósito, que debe acompañarse de la lucha permanente de la ciudadanía para que se impongan la transparencia y la responsabilidad en los manejos de los asuntos estatales. Son esos valores los que deben prevalecer en el quehacer público, por encima de cualquier organización o bandera políticas. La honestidad es el mayor bien que posee una sociedad, esencial para que ella exista, para garantizar su funcionamiento así como para asegurar el bienestar de quienes la integran.

Por eso, si se quiere tener ciudadanos honrados, decentes e íntegros, así como funcionarios y dirigentes honestos que antepongan el bien común sobre sus intereses particulares, hay que promover esos valores y cimentar sobre ellos la educación que se imparte en nuestra Nación. Ese es el antídoto más efectivo para acabar con la corrupción.

Aprobada la consulta popular lo que sigue es definir la fecha en la que se realizará, para lo cual el señor Presidente deberá pronunciarse a más tardar la próxima semana. A partir de ese momento comienza a correr el tiempo para convencer a los colombianos que salgan a las urnas, se consiga la participación de al menos la tercera parte del censo electoral y así lo que se propone pueda ser incluido en el ordenamiento jurídico o se obligue a tomar las decisiones necesarias para la lucha eficaz contra los corruptos.
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