Contra el Estado de Derecho

Porque de eso se trata la invasión frecuente de la Hacienda García Arriba, la destrucción de sus cultivos y la agresión reiterada a su propietario legítimo: de pasar por encima de sus derechos, de desconocer la Constitución que rige para todos los colombianos sin discriminación de raza, de impedir que se cumpla la ley creada para garantizar los derechos, la propiedad privada y la convivencia.

De nuevo y por enésima vez, un grupo de personas que dicen representar a las comunidades indígenas de Corinto invadió predios particulares en la región, debiendo ser desalojadas por la Policía Nacional. Con agresiones frecuentes que llegan al ataque destructivo de las siembras y a las lesiones presonales de los propietarios, tales grupos desafían de manera abierta al Estado de Derecho para tratar de imponerse por la fuerza. Quienes encabezan las invasiones dicen adelantar una lucha por recuperar ‘la Pacha Mama’, en otras palabras, la tierra que según ellos es propiedad ancestral de las comunidades indígenas. Es decir, insisten en desconocer la propiedad adquirida conforme a la Constitución y las leyes, como lo han demostrado hasta la saciedad los propietarios hoy víctimas reiteradas de las vías de hecho y del desafuero.Los invasores argumentan también que sus actos se dirigen a tomar posesión de los predios que los Gobiernos les han prometido en los acuerdos que se han logrado con anterioridad, generalmente para resolver los paros y bloqueos. En otros términos, que se toman la atribución de resolver sus conflictos con los gobiernos mediante el uso de la fuerza contra ciudadanos y sus derechos y el desconocimiento flagrante del Estado de Derecho. Porque de eso se trata la invasión frecuente de la Hacienda García Arriba, la destrucción de sus cultivos y la agresión reiterada a su propietario legítimo: de pasar por encima de sus derechos, de desconocer la Constitución que rige para todos los colombianos sin discriminación de raza, de impedir que se cumpla la ley creada para garantizar los derechos, la propiedad privada y la convivencia.Por supuesto, la actitud ilegal e ilegítima está creando la zozobra entre los propietarios y agricultores de una vasta y rica región que desde hace casi una década está en la incertidumbre. También está obligando a la Policía a actuar contra los invasores, ocasionando choques que dejan lesionados como consecuencia casi inevitable. Es un reto permanente que siembra discordia, impide el diálogo y obliga a usar la fuerza para restablecer el orden. Y claro, genera las investigaciones y sanciones consecuentes cuando algún funcionario causa alguna lesión. La pregunta es si las normas de ese Estado de Derecho no son aplicables contra los desafueros que se viven en el Norte del Cauca. Y si los responsables de tales ataques, sin duda una pequeña minoría de la comunidad indígena de la región, pueden seguir cometiendo esos actos de manera impune, confrontando a las autoridades y golpeando con saña a ciudadanos inermes e inocentes.Ese es el desafío que desde hace varios años está realizando un pequeño grupo de personas contra el ordenamiento jurídico que rige en toda Colombia y para todos los colombianos sin excepción alguna. Y así en ese ordenamiento se contemplen excepciones para las comunidades indígenas, ello no las autoriza para tratar de imponer la fuerza bruta contra los derechos adquiridos con justo título y contra ciudadanos que actúan respetando lo que deber ser el instrumento fundamental para lograr la paz y la concordia en la Nación: el Estado de Derecho.