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Contra el crimen

4 de julio de 2010 Por:

Con la creación de Jueces de Garantías Nacionales y el refuerzo de la lucha contra las bandas criminales, el Gobierno abandonó la idea de decretar la conmoción interior. No obstante, su preocupación llamó la atención sobre la necesidad de tomar medidas de fondo que doten al Estado de herramientas eficaces para enfrentar el reto de la delincuencia urbana y el crimen organizado.La masacre del pasado viernes en un bar de Envigado, donde nueve personas fueron asesinadas, indica a las claras la capacidad de daño de esas bandas criminales y su disposición a utilizarla en forma indiscriminada. Y si a ello se suma el incremento de homicidios en las ciudades y las dificultades que enfrenta la Policía para judicializar muchos detenidos, se entienden las grandes dificultades que impiden a las autoridades cumplir con su deber de proteger a la sociedad y castigar a quienes la amenazan.Hace ocho años, el recién posesionado presidente, Álvaro Uribe Vélez, empezó a aplicar lo que denominó la Seguridad Democrática, bajo la cual creó los mecanismos jurídicos y reales para responder al desafío que significaban la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico, que se habían apoderado de porciones importantes del país, azotando a la población, creando zozobra y amenazando la continuidad del Estado de Derecho. Ha sido una labor ardua, que si bien no ha sido terminada, les devolvió al campo colombiano y a las instituciones la tranquilidad. Y pudo ser enfrentada cuando se entendió que había qué crear mecanismos legales para responder las amenazas. Hoy, el desafío es de otro origen, pero reclama iguales decisiones. Se trata de adecuar el esfuerzo para erradicar esas bandas criminales que subsisten como consecuencia de la constante guerra por el control del narcotráfico. Y de volcar el esfuerzo hacia la pacificación de las ciudades, afectadas por una clase delincuencial con gran capacidad de daño a los ciudadanos y golpeadas por la debilidad de las herramientas judiciales para combatir a los delincuentes. En otros términos, es el momento de dotar al Estado de instrumentos eficaces y de recursos apropiados para combatir el delito, en especial el urbano. Y en esa tarea tienen que estar involucrados los tres poderes públicos. En primer lugar el Ejecutivo, que debe presentar sin demora la propuesta de reformas que necesitan adoptarse. En segundo término, al Legislativo le corresponde emitir las leyes que sean necesarias para cumplir ese propósito. Y en último término, la Justicia debe actuar con la celeridad y el compromiso que rompa con la impunidad hoy reinante y responda a las necesidades de la Nación.Ese es pues uno de los más importantes desafíos para el Gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. Además de enfrentar los problemas del desempleo y la desigualdad, o de ordenar al país para continuar por la senda de progreso, al presidente Juan Manuel Santos le corresponderá terminar la misión que inició la Seguridad Democrática, de la cual él fue protagonista: derrotar las bandas criminales y devolverles la tranquilidad a las ciudades de Colombia.

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