Contra el ciberdelito

Contra el ciberdelito

Abril 24, 2019 - 11:00 p.m. Por: Editorial .

El surgimiento de nuevos medios de expresión y de comunicación originados en la modernización de las tecnologías, les ha permitido a los seres humanos tener acceso a canales en los que pueden difundir sin limitaciones sus pensamientos, participar en forma directa del debate social o ser protagonistas de él. Pero también ha sido la puerta para que a través de esas redes se cometan delitos y se cohonesten crímenes que deben ser castigados.

Es ahí donde se tiene que concentrar el debate sobre las regulaciones en las redes sociales. En cómo evitar que esa nueva manera de relacionarse se convierta en el camino para que, bajo el amparo del anonimato, se atente contra la integridad o la vida, se transgredan las leyes y se evada la Justicia.

Colombia no es ajena a esos delitos cibernéticos que tanto preocupan hoy al mundo. En el último año las denuncias han aumentado en un 45%, en lo que va de este 2019 se han iniciado 3759 investigaciones, mientras que en el 2018 se presentaron 622 acusaciones por pornografía infantil, 556 por acoso a menores de edad y 194 por utilizar las redes sociales para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.

Son esos datos aterradores los que han llevado a que en el Congreso de la República se debatan leyes que permitan combatir esos crímenes. Como el proyecto de ley 060 de 2018 aprobado ayer en primer debate en la Comisión Primera del Senado, que se centra en penalizar o aumentar los castigos a quienes utilizan las redes sociales y espacios informáticos para extorsionar, inducir a la prostitución, incitar al suicidio o a la autolesión, en particular a los menores de edad.

La experiencia ha mostrado hasta dónde la falta de controles efectivos es causa de incontables formas para cometer delitos que están claramente tipificados en el Código Penal colombiano. Si bien el país ha adoptado legislaciones y nuestros jueces han venido creando una jurisprudencia que ha permitido perseguir y castigar a los llamados ciberdelincuentes, muchos de los cuales han sido identificados, capturados, enjuiciados y están en las cárceles respondiendo por sus actos, es necesario cubrir aquellos vacíos legales que aún puedan quedar.

Es claro entonces que deben existir marcos jurídicos que eviten que las redes sociales se conviertan en espacios para cometer delitos que afectan a las personas y a las sociedades. Por ello se justifican proyectos de ley como el que hace trámite en el Congreso, dirigido a formular “los lineamientos de política pública para la prevención de delitos realizados a través de medios informáticos o electrónicos en contra de niñas, niños y adolescentes”.

El mundo de la comunicación marcha hoy a velocidades que difícilmente pueden ser alcanzadas al mismo ritmo por las autoridades y por las legislaciones para responder a sus desafíos. Pero ello no puede implicar que se renuncie a aplicar la ley para castigar el crimen porque sería desistir de la potestad que tiene el Estado para imponer el orden que garantiza la convivencia y castiga las conductas antisociales. A enfrentar con contundencia el ciberdelito es a lo que se deben enfocar proyectos de ley como el 060 de 2018 que se tramita en el Congreso.

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