Contra el bien común

Contra el bien común

Junio 09, 2019 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

La decisión de la Corte Constitucional sobre los artículos del Código de Policía que sancionaban el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público es un duro golpe al esfuerzo por evitar el daño social que generan conductas como esas. De nuevo, la interpretación que sublima los derechos individuales impide que la sociedad y el Estado regulen comportamientos que atentan contra la concordia y el orden público, además de incentivar el narcotráfico en Colombia.

El discurso de la Corte se basó en la protección al derecho al libre desarrollo de la personalidad, algo que según los magistrados se vulnera cuando el Código de Policía sanciona con multas. Es pues el delirio de la protección individual según el cual al consumidor de drogas y alcohol no se le puede impedir que se tome los espacios públicos y sólo se le puede sancionar cuando cause un mal mayor como un delito.

Debe aclararse que las normas que acaba de tumbar la Corte son decisiones para proteger a los ciudadanos y a la sociedad general, y no al espacio público como lo dice el fallo. Es la facultad que tiene el Estado, delegada por los ciudadanos, para evitar que esas acciones desencadenen comportamientos antisociales que afectan a la inmensa mayoría de personas que usan esos lugares para fines distintos al consumo de estupefacientes o licores con propósitos “recreativos”.

Pero, además, es abrir la puerta para que la otra punta del problema, el negocio de quienes venden drogas ilícitas, aumente sus ganancias a costillas de la salud de los consumidores y de la tranquilidad de la sociedad. Es allí donde nació la decisión de intervenir esa “libertad” que la Corte ha considerado un exceso, como si el Estado no debiera de actuar en forma conjunta y coordinada para defender el derecho común a la tranquilidad y a la sanción de conductas que ocasionan males mayores como el narcotráfico.

En ese orden de ideas, llama la atención el que los magistrados no se hayan tomado el trabajo de escuchar a los alcaldes, a las autoridades de Policía, a los médicos, a los educadores y a los padres de familia sobre el daño que causa la permisividad sin límites al consumo de alcohol y estupefacientes. Ojalá se dieran una vuelta por los sitios donde se producen esos choques entre los derechos de los consumidores y los del colombiano, mujer, hombre, niño, adulto o menor, que necesitan un espacio público libre de drogas ilícitas que dañan la salud y en muchas ocasiones desencadenan conductas antisociales y nocivas.

Tenemos pues un nuevo triunfo de ese país ideal que existe en la teoría dominante en la Corte Constitucional en el cual se privilegia la individualidad sobre el comportamiento colectivo. Otra vez el Estado vuelve a ser apenas un convidado de piedra para controlar comportamientos que, está más que comprobado, en muchas ocasiones desencadenan males mayores como los atentados a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada o a la tranquilidad ciudadana.

La sentencia es un rudo golpe contra el bien común de la sociedad colombiana. Ojalá no tenga las nocivas consecuencias que se temen contra la tranquilidad de los ciudadanos.

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