Contra el atropello

Hay pues una crisis humanitaria que debe ser conocida de manera oficial por la comunidad internacional. Por eso es necesario empezar a acudir a instancias internacionales como Unasur y la OEA. De la primera, que reune a los gobiernos de Suramérica, se espera una audiencia serena e imparcial que evite las tendencias ideológicas y ayude a poner fin al desconocimiento que de los Derechos Humanos hace el régimen de Nicolás Maduro.

Luego de los lamentables hechos presentados en la frontera con Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos dio dos pasos que los colombianos estaban esperando. Aunque no serán el final de una crisis humanitaria y política causada por los abusos del régimen que gobierna al país vecino, las acciones emprendidas deben llevar a que se conozca la verdad de lo que están perpetrando las autoridades venezolanas contra los colombianos. La primera medida fue llamar a consultas al embajador en Caracas. En el lenguaje diplomático, ése es uno de los símbolos de protesta más importantes. Además, era difícil de entender que se mantuviera un delegado de nuestro país que no es escuchado y es desconocido por el gobierno de Nicolás Maduro.La razón de esa actitud de ignorar a quien representa a una Nación que se supone amiga es cada vez más notoria. En la manifestación realizada el pasado viernes se vio con claridad el interés del presidente Nicolás Maduro por usar de nuevo a nuestro país para exacerbar el nacionalismo entre sus partidarios. Su discurso fue una arenga con objetivos partidistas y dirigidas a levantar adhesiones, con miras a los comicios electorales que tendrán lugar el próximo diciembre.En ese escenario no cabe el lenguaje diplomático que reclame por las vejaciones de que son objeto los colombianos en la frontera con Venezuela. Como no cabe una reacción equivalente. El problema no se resuelve con manifestaciones ni con arengas que enardezcan a la población y reclame la movilización popular, sino con diálogos bilaterales serios que aporten soluciones.Eso fue lo que trató de hacerse con las reuniones de las dos cancilleres en Costa Rica y Cartagena, las cuales fracasaron por el lenguaje hostil del presidente Maduro y su desautorización tajante a las tímidas propuestas para resolver la crisis. Que no es causada por confrontaciones bilaterales sino por acciones internas de un Gobierno frente a los ciudadanos colombianos y a quienes, a pesar de tener ciudadanía venezolana, son tratados en forma indigna por las autoridades de ese país.Hay pues una crisis humanitaria que debe ser conocida de manera oficial por la comunidad internacional. Por eso es necesario empezar a acudir a instancias internacionales como Unasur y la OEA. De la primera, que reune a los gobiernos de Suramérica, se espera una audiencia serena e imparcial que evite las tendencias ideológicas y ayude a poner fin al desconocimiento que de los Derechos Humanos hace el régimen de Nicolás Maduro.De la OEA se espera una posición similar. El asunto no es dar la razón a alguna de las partes por motivos políticos. Es, ante todo, hacer respetar la dignidad de seres humanos que son perseguidos y expulsados de Venezuela por ser colombianos. Y de utilizar su origen para acusarlos de crímenes que no han cometido y atropellar sus derechos, para lograr adhesiones partidistas.Por eso es importante acudir a las instituciones internacionales para denunciar los atropellos del régimen venezolano que sus propios nacionales rechazan y no caer en la trampa de quienes abusan de los colombianos para tratar de conseguir dividendos políticos.