Así es la Democracia

Así es la Democracia

Marzo 11, 2019 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Como se había especulado, el presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley que creó el estatuto para la Justicia Especial de Paz, JEP. Fue un acto que implicará el regreso al Congreso de la norma para que éste resuelva si considera o no aceptables esas objeciones, basadas en razones de conveniencia.

Así opera la democracia basada en el acatamiento de la ley. Luego de los trámites que se exigen en estos casos, el Primer Mandatario usó las facultades que le otorga la Constitución, y sin desconocer lo actuado por la Corte Constitucional en materia jurídica y de legalidad. Es pues un debate político, y como tal regresará al escenario natural para esta clase de discusiones, en el cual los partidos y fuerzas con representación podrán actuar con total independencia.

A manera de crítica, puede decirse que tal decisión del presidente Duque aplazará de nuevo la plena entrada en vigencia de la JEP, instrumento de la justicia transicional que tuvo su origen en el acuerdo para terminar el conflicto con las Farc. Pero, aunque no responde a la voluntad de quienes negociaron ese acuerdo, ello no puede llevar a afirmar que se trata de un atentado contra la paz, que desconoce lo pactado o que es una violación a la ‘cosa juzgada’ por la Corte, como lo afirma el Procurador General.

Lo que sí existe es una reapertura del debate político sobre seis puntos precisos, los cuales fueron advertidos con anterioridad por el Fiscal de la Nación, y en otras oportunidades fueron resaltados por algunos dirigentes nacionales que no pertenecen a los partidos que integran la coalición de Gobierno. Son puntos que tienen que ver ante todo con la necesidad de cerrar las puertas a la impunidad, que permiten precisar las responsabilidades de las instituciones de justicia y de los autores de delitos de lesa humanidad o narcotráfico, todo ello sin desconocer los compromisos adquiridos con los guerrilleros desmovilizados.

Se entiende que en sectores afines a las Farc, al anterior gobierno o pertenecientes a la oposición existan inquietudes sobre la decisión del presidente Duque. Pero ello no puede dar pie a denunciar ante los tribunales internacionales una actuación que se ciñe a los mandatos de nuestra Constitución. Por el contrario, existe la posibilidad de debatir su conveniencia y de aceptarlas o rechazarlas, caso este último en el cual el presidente del Senado podrá sancionarla si se da una nueva negativa del Primer Mandatario.

No hay pues una crisis institucional, ni un choque de trenes, ni significa que la JEP deje de funcionar. Lo que sí se produce es la posibilidad de realizar un debate en el cual se escuche a los defensores de la ley tal cual está, y a quienes han expresado inquietudes, algunas de las cuales fueron consignadas por el presidente Duque en sus objeciones.

Ojalá, en la discusión que se inicia prime el propósito de defender el interés nacional por encima de las banderías partidistas y las polarizaciones inconducentes. En el Congreso debe producirse la decisión que termine en una salida en la cual se escuche la voz de toda la Nación.

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