Argentina, al límite

"Sin duda, el Estado de Derecho en Argentina está enfermo y desacreditado. Y su Presidenta carga sobre sus hombros la obligación de responder por la muerte del fiscal Nisman y por los daños causados a la democracia de su país".

La extraña muerte del fiscal Alberto Nisman tiene de cabeza a Argentina. Un día antes de comparecer ante la Cámara de Diputados donde acusaría a la presidenta Cristina Fernández de Kichner y a cercanos colaboradores suyos de encubrir a una banda terrorista de origen iraní que realizó el atentado contra la mutual judía de Buenos Aires, el funcionario fue encontrado sin vida en su apartamento.Desde el domingo 18 de enero se ha desencadenado una oleada de conjeturas que comprometen al Gobierno. Para la presidenta Fernández las versiones sobre la muerte de Nisman, son “un complot”. Y se contradice al afirmar que era un suicidio y luego calificar como “cualquier cosa menos un suicidio” la causa de la muerte. Además, aumenta la polémica al publicar sus cartas en Facebook y no a través de los canales oficiales. Las declaraciones de la señora Kirchner se suman a la extraña aparición de su Ministro de Seguridad en el lugar de los hechos y antes de cualquier persona. Además, insistió en su consigna de ser víctima de una trama golpista, estrategia de victimización usada por el kirchnerismo para cubrir sus errores y abusos. Con ello pretende llamar a sus partidarios para tratar de defender su gobierno. La movilización popular sin dejar campo a que los investigadores actúen para esclarecer el crimen, es una demostración más de que la hegemonía política sin contrapeso rige hoy en Argentina. Esa hegemonía ha invadido la órbita de la Justicia, lo que revive los temores sobre un régimen totalitario para el cual no existen límites en el ejercicio del poder. Las consecuencias se reflejan en la pérdida de confianza y la incertidumbre. Así como ahora no saben cuál de las dos hipótesis con las que salió la Presidenta es la más cercana a la realidad, la mayoría de los argentinos dejaron de creer en las cifras oficiales sobre el comportamiento de la economía o los resultados de la lucha contra la corrupción.Argentina está sumida en una situación económica peligrosa, en evidente crisis política e institucional, que, aunadas, podrían comprometer su estabilidad interna y la credibilidad ante la comunidad internacional, cuyos organismos financieros desconfían de lo que sucede en ese país. Basta citar los estimativos sobre el crecimiento del Producto interno Bruto en el 2015 del FMI, para imaginarse el tamaño de la crisis que se avecina.La presidenta Fernández está desbordada por los acontecimientos. Sus intentos por dar un salto hacia adelante en la educación de mano de la tecnología (dotó de 4,7 millones de computadores a las escuelas públicas) chocan con los procedimientos que ha utilizado el kirchnerismo para acabar con la independencia de la Justicia y del Legislativo. La institucionalidad ha sido desacreditada por un régimen que en doce años ha usado el poder en provecho propio y para dividir a su Nación. Sin duda, el Estado de Derecho en Argentina está enfermo y desacreditado. Y su Presidenta carga sobre sus hombros la obligación de responder por la muerte del fiscal Nisman y por los daños causados a la democracia de su país.