Actuaciones inaceptables

¿En qué quedará entonces la Andi y sus cámaras de alimentos y bebidas, cuando conversan en sus sesiones sobre sus mercados y productos? Como éstos, hay decenas de ejemplos que demuestran la confusa actuación de un organismo del Estado que encontró en la industria azucarera un buen chivo expiatorio.

Primero fue el intento aún vivo de eliminar la franja que mediante el arancel permite contener la competencia de azúcar subsidiados provenientes del extranjero. Ahora aparece una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que, además de acusar de manejos indebidos a un fondo donde tienen asiento dos ministros, sanciona con sumas que en muchos casos serán confiscatorias para los ingenios azucareros, sus gremios, sus empresas y sus directivos.Y en ambos casos aparecen unas pocas empresas, algunas de ellas multinacionales y otras nacionales que en la práctica son oligopolios. Esas empresas demandaron ante la Superintendencia y ésta les acaba de conceder la razón sobre pretensiones que, en la práctica, buscan reducir sus costos de producción, sin generar un efecto benéfico para los consumidores, como deben procurar las actuaciones de la Superintendencia y de todo el Estado. La entidad que fue creada para defender el interés común, les dio la razón. En una larga, compleja y confusa resolución, decidió condenar a Asocaña, gremio legítimo, a 14 Ingenios del Valle y Risaralda y a varias empresas creadas por ellos, de hechos ilícitos, imponiendo la más grande multa en la historia de Colombia. Y lo hizo desconociendo elementos esenciales como el que ellos pudieran comprar azúcar en Bolivia o en cualquier parte del mundo, o que no está probada la coerción de los ingenios a una industria de Costa Rica para que le venda a una compañía de Antioquia. Con respecto a Asocaña, la Superintendencia desconoció la libertad de asociación y de hablar o discutir allí lo mejor para su industria. ¿En qué quedará entonces la Andi y sus cámaras de alimentos y bebidas, cuando conversan en sus sesiones sobre sus mercados y productos? Como éstos, hay decenas de ejemplos que demuestran la confusa actuación de un organismo del Estado que encontró en la industria azucarera un buen chivo expiatorio. La Superintendencia parece olvidar que en el Fondo de Estabilización Para el Azúcar, Fepa, tienen asiento el Ministro de Agricultura y el de Comercio Exterior. Y que la decisión de prohibir el desembarque de cualquier producto importado en cualquier puerto de Colombia, la toma el Ministerio de Hacienda a través de la Dian. Así mismo, niega cualquier posibilidad de defender a la cañicultura nacional de la amenaza que existe en el producto más subsidiado del planeta. Y sobre la base de una teórica libertad de mercado le asesta un golpe bajo a uno de los sectores que más empleo, bienestar, riqueza y desarrollo le ha brindado al campo colombiano en toda su historia Por supuesto, el golpe más duro es para el Valle del Cauca, que siente una extraña discriminación desde el Gobierno Nacional. Es que mientras el Ministerio de Comercio Exterior pretende bajar los aranceles del azúcar importado, la Superintendencia impone penas confiscatorias que sólo beneficia algunas empresas multinacionales y de sectores monopólicos en Colombia. Tal vez se crea que atacando al sector azucarero del Valle se logrará bajar el precio de las chocolatinas, de las gaseosas que pagan franquicias al exterior o del bocadillo veleño.