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Actos salvajes

"Entendiendo el compromiso que ha demostrado el presidente Juan Manuel Santos por lograr la paz de Colombia mediante la negociación con las Farc y el ELN, se debe reconocer que la contraparte le está haciendo un grave daño a ese propósito noble. Es que nada justifica que ciudadanos sin ningún vínculo con el Estado sean sacrificados de forma tan salvaje como la que usaron contra los señores Aguilar y Ariza".

16 de septiembre de 2014 Por:

"Entendiendo el compromiso que ha demostrado el presidente Juan Manuel Santos por lograr la paz de Colombia mediante la negociación con las Farc y el ELN, se debe reconocer que la contraparte le está haciendo un grave daño a ese propósito noble. Es que nada justifica que ciudadanos sin ningún vínculo con el Estado sean sacrificados de forma tan salvaje como la que usaron contra los señores Aguilar y Ariza".

¿Cuál es la utilidad de disparar a mansalva contra dos personas, contratistas de Ecopetrol que se encontraban trabajando y no portaban ninguna clase de armas? La respuesta la tiene que dar el ELN que les quitó la vida mientras habla de paz con el Gobierno Nacional. El episodio forma parte de la estrategia adoptada tanto por quienes son responsables del horrible crimen como por las Farc, dirigida a extorsionar la industria petrolera. Jairo Aguilar, operario de maquinaria pesada, y Germán Ariza, experto en soldadura, quienes trabajaban para un contratista de la empresa estatal en el Norte de Santander, fueron asesinados por un francotirador, cuando regresaban a un campamento. Ellos no tenían responsabilidad militar ni pertenecían siquiera a alguna entidad oficial o representan riesgo para la seguridad de sus atacantes.Para quienes ordenan esos homicidios, el valor de las vidas que con frecuencia destruyen no es otro que el de obligar a pagar por la seguridad a las compañías dedicadas a la explotación de petróleo. Con ello y con los frecuentes atentados a los oleoductos que dejan cuantiosas pérdidas y enormes daños al medio ambiente, la guerrilla pretende establecer un retén del cual se lucra, bajo el argumento falso de defender los recursos nacionales. Quizás sea esa otra muestra de debilidad, en la cual la vida de colombianos inermes es sacrificada en aras de una violencia irracional y perniciosa, mientras las organizaciones de más de cincuenta años siguen negociando con el Gobierno Nacional el fin del que llaman conflicto. Y continúan reclamando prebendas y tratando de recibir beneficios que les garantice la impunidad, mientras no dejan de cometer asesinatos, secuestros y voladuras de oleoductos a discreción. Entendiendo el compromiso que ha demostrado el presidente Juan Manuel Santos por lograr la paz de Colombia mediante la negociación con las Farc y el ELN, se debe reconocer que la contraparte le está haciendo un grave daño a ese propósito noble. Es que nada justifica que ciudadanos sin ningún vínculo con el Estado sean sacrificados de forma tan salvaje como la que usaron contra los señores Aguilar y Ariza.Es claro que entre las negociaciones no se ha pactado el cese el fuego. Pero eso no puede servir de disculpa para cometer crímenes tan aberrantes como el que aquí se comenta. Ya va siendo hora de exigir que se suspendan las acciones que como la ejecutada el pasado domingo pongan en peligro la vida de los colombianos o que se convierta en simples instrumentos de enriquecimiento.Eso es lo que está pasando en las zonas de los yacimientos de hidrocarburos, a manos de pequeños grupos que se hacen difíciles de controlar, y que tienen en la frontera con Venezuela un recurso para escapar de la Fuerza Pública. Igual ocurre en el Cauca o en el Chocó con policías y soldados que combaten las organizaciones criminales, o con ciudadanos que trabajan por sus comunidades. Antes que una demostración de voluntad de paz, esos crímenes son un desprecio por el derecho a la vida que no puede tener cabida en Colombia si de verdad se quiere la paz.

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