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Agosto 23, 2020 - 11:40 p. m. Por: Víctor Diusabá Rojas

Volvió a pasar. Y va a seguir pasando. Más allá del baile de cifras para endilgar responsabilidades. Esto del desprecio por la vida en versión masacres es una fórmula tan antigua como nosotros mismos.

“...Una cuadrilla de malhechores atacó un corregimiento habitado por cerca de 25 familias, en su mayoría indígenas dedicados a la agricultura y la ganadería. (...) no había allí más autoridad que el Inspector de Policía y el Gobernador Indígena. Después de efectuar el saqueo, asesinaron de forma cruel y sanguinaria a 5 hombres y dos mujeres, sin necesidad alguna…”.

No es lo de estos días en Tumaco, El Tambo y Arauca. Es marzo de 1959, hace 61 años, en alguna vereda de este mismo país. Lo cuentan Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna en ‘La violencia en Colombia’, Taurus, 2005 (pág 382 del II Tomo).

“Una vez conseguida la captura de los autores (...), su edad oscilaba entre los 18 y los 25 años (...), se observó (...) una notable insensibilidad (...), sin ninguna repugnancia por el delito; con tranquilidad y convencimiento de que el crimen los colocaba en sitio preferente con relación a los demás. Justificaban su acción alegando hechos políticos inexistentes...”.

Y, lo dicho, va a seguir pasando, porque todas las condiciones están dadas. Lo dicen en las regiones y lo ratifican investigaciones hechas en campo que pronto vamos a conocer y a las que no se les podrá colgar el Inri de tener intereses políticos.

A la par, vendrán en los próximos días anuncios de medidas extraordinarias e “investigaciones a fondo”. Mucho de eso terminará en nada, luego de que otros hechos sepulten a estos de hoy, como ha sucedido siempre.

¿Estamos, como sociedad, en capacidad de resolverlo? Porque bien podemos quedarnos en las críticas al actual Gobierno (que suficientes señales de ineptitud ha dado en este, y en muchos frentes más), o buscarnos quién nos echa una mano.

No para que nos vengan a decir cómo hacer la guerra. Sino para que haya paz, tal y como se lo exigieron a Iván Duque en Samaniego, Nariño, los dolientes de los jóvenes masacrados.

Y si alguien ofrece ayudar a mantener la paz y la seguridad, y facilitar procesos políticos; más proteger a los civiles, ayudar a excombatientes y apoyar la organización de procesos electorales (bueno, más bien hacer que sean más limpios y transparentes, comenzando por sus fuentes de financiación); aparte de que esa colaboración permita la protección de quienes ejercen como promotores de los derechos humanos y ayude, en muchas regiones del país, a restablecer el Estado de Derecho, valdría la pena pensarlo.

No es una simple ocurrencia. Son los dictados que la ONU aplica cuando opera in situ en “países desgarrados por conflictos (para) crear las condiciones para una paz duradera”.

No somos República Centroafricana, Mali, República Democrática del Congo, Líbano, Kosovo, Sudán del Sur u Oriente Medio (con todos sus elementos), pero tampoco tenemos mucho para jactarnos por estos días de ser “la democracia más antigua de América Latina”.

Claro está, sugerir apenas que la ONU venga a poner un pie aquí, al menos de esa manera, debe despertar histeria. Es más, ni discusión resiste. Nada que hacer.

Sólo volver a hacer la pregunta que se hacían Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna, hace sesenta años:

“¿Se ha estudiado a este nuevo antisocial?, ¿cuáles son sus motivaciones de lucha?, ¿cuál es su anonadante y fatal motivo de odio?, ¿qué nuevos valores determinan su activismo?, ¿cuál es su mundo interno?, ¿de dónde vienen?, ¿quién los engendró?, ¿qué efectos disociadores produce su actividad en la juventud que los admira, lesionada también?”.

Y pedir eso mismo que, entonces, ellos pidieron:

“Que respondan los dirigentes de Colombia”.

Eso que, sépanlo Maestros, siguen sin hacer ellos, los dirigentes.

Sigue en Twitter @VictorDiusabaR

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