Fuerza letal

El documento se llama Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina. Allí dice, por ejemplo, que en el año 2017 en Brasil se produjeron 4670 víctimas civiles fatales tras las intervenciones policiales. “La cifra representa un aumento del 25,7% en relación a 2016, cuando se registraron 3716 muertes de civiles a manos de los policías”.

A inicios de 2020 el periódico El País de España advertía que la “letalidad” de los agentes brasileños “batía récords históricos”. En 2019, solo en el Estado de Río de Janeiro, murieron 1810 personas en operativos de las fuerzas del Estado, “la cifra más alta en dos décadas”. Eso incluía enfrentamientos contra delincuentes pero también intervenciones en protestas, redadas, desalojos, retenes.

En El Salvador ocurre algo similar. Según el Monitor del Uso de la Fuerza Letal, el país pasó, de 28 víctimas en 2011, a 617 en 2016. “El uso de la fuerza letal se ha impuesto como un elemento clave para entender la violencia armada en El Salvador. Si en 2011 el 0,7% de los homicidios se debieron al uso de la fuerza letal, en 2016 y 2017 el uso de la fuerza letal representó el 11,7% y 10,3% de los homicidios, respectivamente”.

En Venezuela, durante el año 2017, 4998 personas fueron asesinadas por los policías, y el motivo expuesto fue “resistencia a la autoridad”.
Todos murieron por disparos de armas de fuego.

En México, el total de muertos por fuerzas de seguridad federales creció significativamente de 2007 a 2011, aunque disminuyó entre ese año y 2013. Mientras que en Colombia las estadísticas son mucho menores a los otros países, hay que tener en cuenta las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados ‘falsos positivos’.

También lo que ha ocurrido en este 2020: ciudadanos que murieron a manos de la Fuerza Pública sin que hasta el momento se aclare muy bien las circunstancias. Como la muerte de Juliana Giraldo, a quien un soldado le disparó en el departamento del Cauca. O el ya conocido caso del abogado Javier Ordóñez, quien murió tras un abuso policial en Bogotá.

El portal Cerosetenta, de la Universidad de Los Andes, reporta otros casos de civiles muertos presuntamente a manos de la Policía de Colombia, sin que hasta el momento se esclarezcan los hechos y las circunstancias en las que ocurrieron.

Janner García, por ejemplo, era un muchacho de 22 años de Puerto Tejada a quien presuntamente un policía le disparó cuando Janner se asomó por la ventana durante un enfrentamiento entre unos agentes y una pandilla; Jaider Brochero murió en el corregimiento de Casacará durante unas protestas. Habría recibido un impacto de bala de un agente durante la manifestación.

También se recuerda la historia de Anderson Arboleda, otro muchacho de Puerto Tejada que falleció al parecer por la golpiza que le dieron dos policías que pretendían ponerle un comparendo por violar la cuarentena impuesta por el coronavirus; o el caso de Estela Valencia, una mujer de 50 años que murió en Buenaventura durante una captura que realizaban unos agentes en el barrio Viento Libre. También se menciona la historia de Duván Álvarez, un jovencito de 15 años que murió después de que presuntamente un miembro del Esmad le disparara durante un desalojo en Soacha, Cundinamarca.

Según las estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo que va del año 38 ciudadanos han sido víctimas de la Fuerza Pública en Colombia.

Parte del problema es justamente ese, advierte el Monitor del Uso de la Fuerza Letal: no solo este tipo de hechos reduce la confianza hacia las Fuerzas Militares, genera más violencia, sino que la gran mayoría de estos casos en Latinoamérica (sobre todo los que no son mediáticos) no son investigados al presumir que se dieron en un contexto que los hace legítimos. Y esa falta de investigación termina a la larga incentivando más abusos.