Reforma Rural Integral

Reforma Rural Integral

Septiembre 28, 2014 - 12:00 a.m. Por: Rudolf Hommes

El texto del documento de los acuerdos entre el gobierno y las Farc sobre el sector rural colombiano parece haber sido redactado por el comité central del PC en los años sesenta, pero responde aproximadamente a muchas necesidades sentidas y al compromiso implícito de resarcir al sector rural y al campesino colombiano por siglos de abandono, violencia y exclusión. Si se hace caso omiso de la frecuencia en la que aparece la palabra subsidios en el documento, también corresponde a una visión actual del potencial del campesino, el pequeño productor rural de producir competitivamente, en muchos casos con mayor productividad que el latifundista, siempre y cuando tenga acceso, no solamente a suficiente tierra para generar un ingreso familiar adecuado, sino a medios complementarios de producción (crédito, capacitación, tecnología, asistencia técnica, comercialización). Esto refuerza las razones de justicia social a favor de una reforma agraria que no tendría solamente efectos redistributivos sino que contribuye a la productividad. Casi todo lo que se ha convenido en este acuerdo y más se debería llevar a cabo en cualquier caso, con o sin injerencia de las Farc. Pero no obstante sus bondades, el acuerdo se basa en supuestos que probablemente no se van a cumplir a menos que cambie radicalmente la manera de hacer política y se haga la transición de un sistema clientelista a una forma más moderna de democracia. Para entender el punto basta imaginarse a Roy Barreras poniendo a sus fichas al frente de la reforma rural; o a los conservadores oficialistas conspirando para volver a asaltar la dirección de Estupefacientes.Para contener la voracidad del clientelismo, las instituciones a cargo de la reforma rural integral tendrían que ser comunitarias, no gubernamentales, reguladas por el estado. El manejo del fondo de tierras, la función de extensión agropecuaria y el apoyo administrativo y financiero a los campesinos y sus comunidades y la intermediación entre ellos y el Estado tendrían que organizarse, a similitud de las cajas de compensación, con participación de los afiliados (los productores campesinos), del sector privado rural y representación de la sociedad civil, manteniendo a los políticos a raya. El otro gran ausente del documento es el sector privado. ¿Quién más va a proveer los servicios de maquinaria, la transferencia de tecnología, las gigantescas inversiones y el conocimiento para dinamizar la agricultura colombiana y para crear empleo rural? No se explora la posibilidad de alianzas productivas entre campesinos y grandes capitalistas rurales para explotar y ampliar la frontera agrícola con supervisión y reglamentación del estado. La única referencia que hace al sector privado rural es como objetivo para la expropiación de baldíos. En un proceso en el que se aspira perdonar toda suerte de delitos e infracciones también cabe pensar en perdonar a los que han sido culpables de faltas de criterio y permitir que quienes han adquirido tierras en forma irregular en una región en donde lo que sobra es tierra (y faltan empresarios) pudieran conservarla a cambio de financiar la carretera o el ferrocarril hasta Puerto Carreño.

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