El Gobierno que necesitamos

En el seminario que organizó el jueves pasado el Consejo Privado de Competitividad el profesor Dani Rodrik de la Universidad de Harvard hizo una presentación interesante sobre la necesidad de un programa de cambio estructural encaminado a orientar mayor participación de los sectores de alta productividad en el empleo y en el producto. La productividad laboral más alta es la del sector ‘moderno’, compuesto por la industria, los servicios públicos, el transporte, la construcción y la minería. Esta productividad es cuatro veces superior a la del campo y dos veces la del sector servicios. Pero estos sectores no son los que han generado la mayor cantidad de empleo. El campo ha perdido productividad, producto y gente que no ha absorbido el sector ‘moderno’ sino que ha sido capturada principalmente por el de servicios. Las políticas de cambio estructural estarían orientadas a remover los cuellos de botella y a promover las instituciones para inducir una mayor captación de trabajadores en las actividades con mayor productividad e incrementar la eficiencia y la competitividad dentro de cada sector. Este concepto de cambio estructural captura la noción de que el Estado debe intervenir decididamente en esa facilitación y orientación de recursos hacia donde son más productivos. Es similar en sus objetivos a lo que algunos llaman la “nueva política industrial”, pero es de mayor alcance porque no excluye oportunidades en sectores como el agrícola, la construcción, la minería o los servicios.Para aplicar exitosamente una política de cambio estructural hay que contar con un sistema educativo de calidad, buena infraestructura, acceso a servicios básicos y políticas macroeconómicas adecuadas. La economía debe estar abierta al comercio, al cambio técnico y a la innovación. Y debe contar con un buen gobierno y con un sistema político sin corrupción. Si no se dan estas condiciones, el Estado sirve de vehículo para distribuir mal los recursos y de obstáculo al cambio estructural. Mejorar la calidad del Gobierno eleva la productividad del sector servicios y de la economía. Uno de los problemas de la administración pública es la mala o inexistente coordinación entre entidades públicas y su falta de planeación. El Incoder no puede distribuir tierra baldía porque las autoridades ambientales no le dan vía libre para sustraer áreas que fueron estudiadas 14 años atrás y hacen parte del proyecto de adjudicación de tierra a los campesinos de la actual administración. El Ministerio del Medio Ambiente debería tener claro en qué áreas no se puede sustraer tierra para campesinos y dejar operar al Incoder en las otras áreas. En el caso de las consultas con comunidades indígenas y afrocolombianas que deben anteceder las obras públicas, el Ministerio del Interior debería haber realizado un censo y saber dónde están esas comunidades. Ellas serían las que tendrían derecho a ser consultadas cuando se van a realizar obras en sus territorios, no las que se organizan en forma oportunista.Dice un funcionario del Mintransporte que para lograr que se haga cualquier cosa hay que acudir al Presidente para que les “dé la orden” a las entidades involucradas. Por eso, la Comisión de Infraestructura recomienda crear mecanismos de planeación y coordinación entre ministerios para abolir el tratamiento caso por caso que obstruye cualquier proceso.