Contrario al progreso y a la inversión

La revista Semana (edición 1587) destaca el perjuicio para todos los involucrados que puede causar el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumbó unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían que grupos de pequeños propietarios adjudicatarios de tierra se asocien para conformar una sola entidad productora cuya extensión supere la máxima permitida (UAF). Esto se había introducido en la ley con el fin de hacer posible la explotación de las grandes extensiones en la altillanura colombiana de alianzas de pequeños y grandes productores y quedó derogado, con probables implicaciones negativas sobre la actividad económica y el empleo en la región. Este límite se estableció para impedir la excesiva concentración de la tierra pero son debatibles tanto su propósito como su efectividad o utilidad. Dos congresistas demandaron estos artículos ante la Corte aduciendo que estos artículos propician “la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierra, en desmedro de los trabajadores rurales… e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad”. Nada de lo que alegan es cierto: la tierra la reciben en todo caso los trabajadores rurales y los artículos derogados permitían que se asociaran con industriales y otros grandes para hacer más eficiente el uso de la que reciben, para hacer viable su explotación eficiente y para reducir el riesgo inherente a la operación. Si con ellos se contribuye a acelerar el desarrollo de la altillanura va a aumentar en un 50% la tierra cultivable disponible en Colombia y el acceso a ella. Ideas basadas en argumentos sin. sustancia y la ausencia de análisis le han causado un grave daño al desarrollo de una región promisoria y a quienes supuestamente se buscaba beneficiar.La oposición irracional a la explotación minera puede culminar en algo peor. Si se insiste en el radicalismo ambiental o les duplican los impuestos a los mineros grandes, como algunos pretenden que se haga, con seguridad se van con su inversión para otra parte. Es mejor para el país tratar de retenerlos y obligarlos a que hagan más por las comunidades, la capacitación y el empleo local, y el medio ambiente, que quedar sin minería o en manos de mineros piratas sin control.Lo que le da valor a un puerto es la carga y la actividad económica que genera; y la mayor parte de la carga potencial actual no es colombiana sino de transbordo. Esto no lo manejan ni los ricos locales ni los políticos sino operadores portuarios especializados de categoría mundial. La Sociedad Portuaria de Cartagena ha logrado ingresar a ese selecto grupo de operadores gracias a buenas prácticas comerciales y administrativas desarrolladas en los últimos 20 años. En Buenaventura no se imitó este ejemplo y no se cuenta con un operador de la calidad requerida para evitar que el puerto siga perdiendo importancia y se frustren definitivamente las posibilidades de desarrollo tanto del puerto como de la ciudad, porque el futuro de la ciudad está íntimamente ligado con el del puerto. Si sigue como va, perderá la posibilidad de convertirse en un complemento de Panamá y va derecho a culminar como soñoliento puerto de cabotaje de carga que proviene de allí y de Callao.*El autor de la columna es director de la Sprc, asesor de accionistas de la Sprbun y exasesor de Cerrejón.