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El perdón está de moda

No hay duda que el perdón está de moda; también la impunidad,...

12 de enero de 2015 Por: Rafael Rodríguez Jaraba

No hay duda que el perdón está de moda; también la impunidad, la indulgencia y hasta la complacencia ante el desvarío. Basta analizar el texto de la tercera Reforma Tributaria del actual gobierno para entender como los medios fletados mantienen anestesiada a una opinión pública que cada día es más desorientada. Mientras Colombia dormita, Santos derrocha y el sistema financiero se enriquece con el esfuerzo de los colombianos.La nación empieza un nuevo año sin medir las consecuencias de una reforma aprobada de manera irresponsable por un Congreso que antepuso a los intereses nacionales los de un gobierno repentista, que para obtener su reelección dilapidó recursos inestimables de imposible redención.Es claro que algunos congresistas aún no saben lo que aprobaron; pues cuando se les pregunta sobre sus efectos y alcances, no ocultan sus dudas y confusión. Tampoco saben dar explicación sobre los errores y contradicciones de su articulado, ni saben cómo se deberá surtir su enmienda.En su conjunto, la reforma es una improvisación orientada a mitigar un desencaje provocado por exceso de gasto y de inversiones en algunos casos superfluas. La reforma no resuelve el desequilibrio estructural de la hacienda pública; castiga la productividad, mantiene la inequidad, consolida los privilegios, atomiza la tributación y hace más difuso el recaudo. Por el bien del país, debió haber terminado como las reformas de Santos a la Educación, la Salud, y la Justicia, entre otras, hundida.Por falta de espacio, hagamos un breve recuento de algunos disparates aprobados para establecer, que antes que resolver el déficit, la reforma lo terminará agudizando.En materia de educación no resuelve el desbalance que ocasionó la modificación de la Ley 30, que cercenó la autonomía universitaria en un intento por nutrir de nuevos recursos a la educación superior.La reforma perpetua los beneficios a multinacionales y entidades financieras que le cuestan a Colombia $9,2 billones anuales, ahondando la desigualdad por causar lenidad tributaria con los grandes conglomerados y severidad con la clase trabajadora. A su vez, la vigencia del impuesto de 4X100 se amplía hasta el 2019, lo que estimula la desbancarización y encarece los costos financieros.No siendo poco lo anterior, la reforma podría dejar sin efecto la adopción de las Normas Internacionales sobre Información Financiera (Niif), como quiera que la causación del nuevo y mal llamado Impuesto a la Riqueza, no se puede diferir a 4 años como lo ordena la reforma, y de hacerse como lo pretende el Gobierno, se contravendrían las Niif y con ello, las empresas podrían perder cuantiosos recursos comprometidos en adecuar sus contabilidades a estas normas internacionales.Es tan previsible la ineficacia de la reforma, que el Gobierno promovió la expedición de la Ley 1743 del 26 de diciembre de 2.014, la cual crea un impuesto a la administración de justicia arbitral y condiciona a la valoración de los jueces, el cobro de un nuevo tributo fiscal solapado en la ponderación excesiva en el juramento estimatorio de toda pretensión judicial. También es predecible que el Gobierno insista en vender su participación en Isagén, con lo que se perdería la soberanía energética a pesar de no existir razones financieras, técnicas u operativas que lo justifique.La tolerancia y el espíritu empresarial de los colombianos, es insuperable.