¿Suspicacias?

El único camino para el desarrollo y la superación de la pobreza está en la iniciativa privada y la libertad empresarial. El Estado ha demostrado una y otra vez ser incapaz de sustituir al sector privado. Cuando lo intenta, fracasa estruendosamente. Hasta los chinos lo entendieron. Y los Estados que no lo hacen, van al abismo y someten a sus pueblos a la miseria. Para la prueba, Cuba y Venezuela.Ahora bien, no dudo tampoco de que el Estado no solo tiene el derecho sino el deber de intervenir para asegurar el respeto de las reglas de juego. En particular, debe luchar contra carteles, oligopolios y otras perversiones del sistema. Suscribo las palabras de Santos: “Para que el mercado pueda operar bien, hay que estimular la libre competencia [y] cuando esa libre competencia no se da, todo el mundo pierde”.Pero la acción del Gobierno para asegurar la libre competencia debe ejercerse con transparencia y coherencia. Primero, no puede establecer sanciones confiscatorias que solo traen como resultado la desaparición de las empresas o su debilitamiento estratégico, para felicidad de los productores extranjeros. Es el caso de la sanción impuesta a los ingenios por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Los $324.000 millones de multa equivalen a la suma de todas las utilidades de la industria azucarera de los años 2014 y 2013 y a la mitad de las del 2012.Después, la acción gubernamental debe asegurar el debido proceso y la defensa de los imputados. Y en esta ocasión la SIC no quiso recibir pruebas fundamentales para la defensa de los azucareros. A los ingenios, a quienes no se acusa de constituir un cartel de precios o uno de cuotas sino de impedir importaciones, no se les quiso recibir declaraciones de los azucareros costarricenses que les exoneraba de tal acusación. Solo una tutela obligó a la SIC a aceptarlas. Y aun así decidió no tomarlas en cuenta. Para rematar, multó por impedir importaciones de Guatemala y El Salvador, pero nunca había formulado cargos por esa razón, de manera que los sancionados no tuvieron oportunidad de defenderse de esas acusaciones. Y la sanción por supuestamente impedir importaciones de Bolivia, el último país involucrado, se hizo por hechos que habrían ocurrido hace más de cinco años, así que estarían prescritos.Finalmente, el Gobierno debe despejar cualquier duda sobre la motivación real de la sanción. No es correcto que se sugiera, como lo hace el Presidente, que se está “poniendo en práctica la ley y los requisitos de libre competencia que organismos como la Ocde nos obligan”, cuando no somos parte de la Ocde y por tanto su “ley y requisitos” no pueden obligarnos y, para rematar, hay pocos países tan protectores de su industria agrícola y de la azucarera en particular, a través de subsidios y aranceles prohibitivos, como los que hacen parte de esa organización.Y ronda la idea de que Santos quedó molesto con el Valle y con la industria porque en el discurso de Henry Eder, en la celebración de los 150 años de Manuelita, los asistentes aplaudieron con fervor cuando el patriarca se refirió al presidente Uribe. Y que hay una retaliación del Presidente contra la familia Ardila por cuenta del giro que le diera la Gurisatti a Noticias RCN TV.El Estado debe velar por la libre competencia, pero también actuar con justicia y proteger a los 188 mil colombianos que conforman la cadena productiva del azúcar nacional.