Secreto del voto y revocatoria

Hace una semana Maduro afirmó que tendrían identificados a los 900 mil venezolanos que habrían votado antes por Chávez y que el 14 de abril sufragaron por Capriles. El mismo Capriles salió de inmediato a desmentirlo: “Todos sabemos que el voto es secreto (...) quieren hacerle creer a los seguidores del presidente (Chávez), que me dieron la oportunidad a mí, que saben por quien votó”.Lo mismo hizo el único independiente de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien calificó de “falsa y criminal” la declaración de Maduro. Díaz agregó que pediría a los otros miembros del CNE un pronunciamiento desmintiendo. Hasta hoy ninguno más ha hablado.La razón de porqué Capriles y Díaz defendieron el secreto del voto es sencilla y nada tiene que ver con que crean que efectivamente en Venezuela se cumple ese derecho: miedo. Si los votantes por la oposición concluyen que el Gobierno sabe sus identidades, no volverán a sufragar por temor a las represalias del Gobierno. Muchos son funcionarios públicos. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela existían 16 ministerios y hoy son 36 y la nómina del gobierno nacional saltó de 900.000 empleados a 2.300.000. Al socialismo del siglo XXI, acá y allá, le gusta engordar la burocracia. Además, nadie ha olvidado la lista Tascón, que tenía las identidades de quienes pidieron el referendo revocatorio contra el Teniente Coronel y a quienes el chavismo persiguió con saña.Así que Capriles y Díaz están convencidos de que si los ciudadanos creen que no existe el secreto del sufragio, votarán por el Gobierno.Puede ser que tengan razón y las declaraciones de Maduro y el silencio de los chavistas del CNE sea solo un bluff, un farol para intimidar a los votantes. En cualquier caso, los antecedentes venezolanos enseñan dos lecciones para Colombia: una, que es absolutamente inaceptable que la Registraduría Nacional le haya entregado a los alcaldes las planillas de quienes están promoviendo sus referendos revocatorios. Esa práctica vulnera los derechos de los electores y pone en peligro a quienes respaldan las revocatorias. Al permitirle a los alcaldes amenazados conocer la identidad de los solicitantes, se vulnera de antemano el secreto del voto y se le da a los burgomaestres una herramienta de coerción contra los potenciales sufragantes. Además, permite que, como parece haber ocurrido en Bogotá, se pongan recursos públicos, dinero, tiempo y funcionarios, a buscar errores en las listas. Esa es tarea de los alcaldes y sus partidos, pero no de la burocracia municipal.La otra es que es indispensable poner atención a los más minúsculos detalles del proceso de voto electrónico e identificación digitalizada de electores que quiere implementarse en Colombia. La sistematización es pieza clave de la modernización del proceso electoral y una herramienta indispensable para frenar buena parte de los fraudes que vivimos hoy. Pero, uno, sería peligrosísimo entregar la sistematización a una empresa de origen venezolano que ronda por ahí. Dos, hay que asegurar que además de voto electrónico haya papeletas físicas que permitan comprobación manual cuando se ponga en duda la transparencia del sistema, como ocurrió en abril en Venezuela. Y, tercero, hay que asegurar que el sistema de identificación de huellas esté completamente desconectado del sistema de votación, de manera que no puedan cruzarse huella y voto y se proteja el secreto del sufragio.