Lo que va de Lula a Uribe

En Brasil capturaron a Lula da Silva para que declare sobre su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Petrobrás. En la petrolera se encargaron de desviar más de 2.600 millones de dólares en sobornos y sobrecostos ficticios. La Fiscalía acusa a Lula de ser “uno de los principales beneficiarios” y sostiene que “dentro de una República, incluso las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de actividad criminal”. La decisión, si bien despertó alguna reacción entre los seguidores de Lula, ha sido aplaudida por la población, harta ya de la corrupción de su Partido, el de los Trabajadores. Pero esta columna no es sobre el desastre brasileño y la caída en picada del líder de la izquierda democrática latinoamericana. Es sobre la captura de Santiago Uribe Vélez. Para empezar, habría que decir que, como con acierto dice la Fiscalía brasileña, en un sistema democrático nadie, sin importar su apellido, parentesco o posición política, puede escapar del escrutinio de su conducta y de la acción judicial, si contra él pesan pruebas suficientes de su responsabilidad en un acto delictivo. De manera que Santiago Uribe no puede estar a salvo de la investigación judicial por el mero hecho de ser hermano del ex Presidente.Pero el problema acá es precisamente el contrario: la percepción de un sector importante de la ciudadanía es que la acción judicial contra el hermano del ex Presidente se produce precisamente por esa calidad. Su parentesco no lo pone a salvo. Lo condena. Ser hermano del ex Presidente no solo no le evita su captura sino pareciera ser la razón de la misma. Un resultado de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. En virtud de la judicialización de la política, las contiendas políticas no se resuelven ya en las urnas o en las convenciones de los partidos y movimientos sino en los estrados judiciales donde se acusa a los contradictores. En razón de la politización de la justicia, fiscales y jueces toman sus decisiones no en virtud de consideraciones jurídicas sino de las inclinaciones ideológicas de los operadores judiciales y de las presiones políticas que reciben.Por eso el Fiscal General no tiene reparo en servir de martillo para perseguir a la oposición e intervenir en plena campaña electoral, para favorecer la reelección de Santos, a través del famoso episodio del hacker, donde no solo no se ha probado aún que hubiera una intervención de Óscar Iván Zuluaga sino que no se ha despejado la duda de si se trato de una trampa para que la campaña opositora resbalara. Y mientras que esos procesos judiciales siguen, la investigación sobre la financiación ilegal de la campaña de Santos murió sin resultado alguno. Y si a Diego Palacio y Sabas Pretelt los condenan por ofrecer puestos a cambio de votos en el Congreso, la Fiscalía no dice una palabra ni sobre intercambios similares en este gobierno ni sobre la mermelada que reparte a manotadas. Y hay más casos.Si en Brasil todo el mundo reconoce la independencia y seriedad de la Fiscalía, acá un número sustantivo de ciudadanos cree que Montealegre es del bolsillo del gobierno y funcional a sus intereses. Y nadie puede explicar que en Casa de Nariño se defienda la impunidad de los crímenes de las Farc y al mismo tiempo se persiga judicialmente, sin tregua ni descanso, a los contradictores políticos.