La burla del ‘trabajo social’

No hubo escándalo, pero debería haberlo. El país está anestesiado. Montealegre sostuvo que, uno, si bien “los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, que serían de competencia de la Corte Penal Internacional, tienen que ser investigados por la justicia penal”, una vez producidas las sentencias se establecerían penas alternativas como “el desminado y el trabajo social comunitario”; dos, los crímenes de lesa humanidad y de guerra quedarían cobijados por la figura del “delito político”. Se concluiría que, como ya lo había dicho antes, “en el marco de la justicia transicional son indultables y amnistiables”; tres, “no puede existir un traslado automático de los beneficios que obtengan los guerrilleros en el marco del proceso de paz y que mecánicamente se traslade a miembros de la Fuerza Pública. Por eso debe haber un tratamiento diferencial” y agregó que los “falsos positivos” no pueden entrar en los mecanismos de justicia transicional; finalmente, dijo, “si la condena es por crímenes de guerra, eso no impide la participación en política”. Según el Fiscal, solo condenados por delitos de lesa humanidad tendrían ese impedimento. No dudo de las buenas intenciones de Montealegre, pero excepto en el punto en que los crímenes de lesa humanidad y de guerra tiene que ser investigados y, añado yo, juzgados y condenados, está profundamente equivocado. Jurídicamente porque no es cierto que como él dijera y es el trasfondo de toda su argumentación, el derecho a la paz está “por encima de cualquier consideración”. Si fuese así, en búsqueda de “la paz” la comunidad internacional habría buscado un pacto con los nazis, no habría obligado al juzgamiento de hutus y tutsis en Ruanda, y no habría establecido un tribunal penal especial para juzgar a los croatas, bosnios y serbios que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en la antigua Yugoslavia. Porque no es así es que el derecho internacional prohíbe expresa e inequívocamente las amnistías y los indultos de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, sin importar si tales amnistías o indultos se producen en el marco de la negociación de un conflicto armado. Y no admite suspensiones de la pena o penas alternativas para tales crímenes. Al contrario, el artículo 77 del estatuto de la Corte Penal Internacional establece que las penas tienen que ser privativas de la libertad. Además, el derecho internacional no solo no reconoce la categoría de delitos políticos sino que en el derecho penal contemporáneo la intencionalidad política del delincuente es un agravante y no una razón para exculparlo.Después, todos los que en el marco del conflicto armado hayan cometido los delitos que se le perdonan a la guerrilla o sobre los cuales reciban beneficios, quedarían cobijados por el perdón y los beneficios. ¿O puede el Fiscal explicar porque quienes delinquieron para defender el estado de derecho y el régimen legal vigente no tienen los beneficios que si obtendrían quienes lo atacaron? Finalmente, ni los criminales de guerra ni los de lesa humanidad puedan participar en política. Ambos son crímenes internacionales. Pero es más grave si se considera que el Fiscal había sostenido que ningún miembro de la guerrilla ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Es falso, hay decenas condenados por esos delitos, pero lo ha dicho. De manera que, según él, hoy todos podrían hacer política sin restricciones.¿Y después nos dicen que este proceso de paz no es de impunidad y para favorecer a los criminales de las Farc?