Duermen bien los cínicos

Duermen bien los cínicos

Septiembre 14, 2014 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Manuel Lorenzo fue un líder estudiantil dominicano que, en su huida de la dictadura de Trujillo, se refugió en Colombia y fue expulsado hacia su país de origen por Ospina Pérez. El hecho generó un furioso editorial de Eduardo Santos en que criticaba que se echara al muchacho a las fauces del lobo. “Algo va de Santos a Santos”, decía Tito Livio Caldas, quien narró la historia. Lo que no ha cambiado es la violación al derecho internacional que constituyen la expulsión de Lorenzo en los cuarentas y hoy la de Lorent Saleh y Gabriel Valles, el par de dirigentes estudiantiles venezolanos entregados a la policía política venezolana por las autoridades migratorias colombianas. El derecho de los refugiados, basado en la Convención de 1951 de la que Colombia es parte y cuyos aspectos sustantivos son derecho consuetudinario, tiene como pilares fundamentales: a) el hecho de que la calidad de refugiado no requiere ser concedida o reconocida por los estados, sino que se tiene por el mero hecho de que la persona haya tenido que huir de su país de habitación por ser perseguida por su “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, y b) el principio de no devolución, según el cual un refugiado nunca puede ser devuelto al lugar del cual huyó. Dice la Convención que “ningún Estado Contratante podrá por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”. Es decir, por un lado, se es refugiado por el mero hecho de la persecución y, por el otro, los estados están obligados a reconocer y respetar la condición del refugiado.La Cancillería, de quien dependen las autoridades de migración, sabía que Saleh y Valles eran refugiados. Ello se desprende de las afirmaciones que ha hecho en el sentido de que los dos ponían en peligro la “seguridad nacional”. La Cancillería se abstiene, por supuesto, de decir cuáles eran las acciones de los muchachos que ponían en riesgo nuestra seguridad. Y no lo dice porque no las había.En todo caso, si las hubiera, la Convención obliga a que la expulsión se efectúe “en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes”. Al refugiado se le debe “permitir presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente”. En todo caso, el estado debe concederle al refugiado “un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país”. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores creía que el par de estudiantes constituían un riesgo de seguridad nacional, tenía al menos que haberles permitido ejercer los derechos que les daba la Convención del 51. Lo que nunca debió hacer fue en cambio lo que hizo: a las patadas, con violación de todas las normas internacionales, los entregó a los gorilas del servicio de inteligencia venezolano que, como prueban las fotos que circulan por la red, ya habían desfigurado con una paliza a Saleh. Hoy el par de muchachos están desaparecidos. Nadie en Venezuela da razón de ellos. Si les va bien, su suerte será la de Leopoldo López, aislado en una cárcel militar y enjuiciado por unas autoridades judiciales que están al servicio del régimen y no le dan garantías sino a los bandidos boliburgueses y a las mafias oficialistas millonarias a costa del petróleo y el hambre de los más pobres.¿Qué le pagan Santos y la Canciller a Maduro? ¿Cómo harán para dormir? Hay, sin embargo, quienes no tienen piedad ni conciencia.

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