¡Asesinar en serie, paga! 3

¡Asesinar en serie, paga! 3

Septiembre 18, 2016 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

En este proceso se trapeó con la Constitución de manera grosera, se quebrantó gravemente la institucionalidad y se sentaron unos antecedentes nefastos.Para empezar, se modificaron Constitución y leyes con nombre propio: primero fue el “marco jurídico para la paz”, del que nadie volvió a hablar. Después, se cambiaron las reglas para el plebiscito. Finalmente, se tramitó el acto legislativo “para la paz”, un adefesio lleno de los más espantosos orangutanes.Por un lado, se hipertrofió el Poder Ejecutivo como nunca antes en la historia republicana. Se le dio poder al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, es decir, para legislar sin el Congreso, sobre todas las materias del ‘Acuerdo Final’, es decir, casi todo, excepto reformar la Constitución y expedir leyes estatutarias, orgánicas, códigos y decretar impuestos.Por el otro, a partir de la aprobación del plebiscito el Congreso será un mero firmón de lo que no expida Santos por decreto. Los congresistas no podrán definir su agenda, solo podrán estudiar lo que les presente el Presidente y tendrán que evacuarlo antes de abordar cualquier otro tema. Ya no podrán votar unos artículos positivamente y otros de manera negativa, sino en bloque. Y el Presidente tendrá que darle visto bueno a cualquier modificación que quieran hacer.A la Corte Constitucional también le mordieron sus competencia. En adelante, podrá revisar las reformas de la Constitución sólo por “vicios de procedimiento” y no por temas de fondo. Podrán sustituir la Constitución bajo la mirada plácida de los magistrados. Y el control de los actos legislativos, de las leyes y de los decretos con fuerza de ley del Presidente tendrá únicamente control automático y único, de manera que contra ellos no cabrá la acción pública de constitucionalidad, un derecho que teníamos todos los ciudadanos.No contentos con eso, se inventaron un tribunal paralelo al sistema judicial, con magistrados extranjeros, que es “prevalente, preferente, excluyente y autónomo”, que estará por encima de las cortes hoy existentes y podrá revisar sus sentencias, que no tiene límite en el tiempo y será casi eterno, para juzgar a todos los que hayan “participado directa o indirectamente en el conflicto armado”, y que no tiene la obligación de aplicar la ley penal y el procedimiento penal colombianos. Todavía no sabemos cómo se escogerá a sus jueces.Es decir, le quebraron el espinazo al sistema judicial, volvieron el Congreso un notario del Presidente y a éste le dieron unos poderes inimaginables en una democracia seria, al mismo tiempo que recortaron las funciones de la Corte Constitucional.Y para rematar, incluyeron los pactos entre Santos y las Farc en el texto constitucional por vía de sostener que hace parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, es decir, del conjunto de normas de mayor rango en el orden jurídico colombiano: la Constitución misma y los tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario de los que hace parte Colombia.Como se llama constituyente a quien redacta la Constitución, no queda sino reconocer que Timochenko y compañía son los nuevos constituyentes.Está visto: Santos premió a quienes tienen por único mérito haber asesinado, secuestrado, extorsionado, reclutado menores, mutilado con minas y cometido actos de terrorismo en forma masiva y por más de cincuenta años.

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