¡Asesinar en serie, paga! 2

¡Asesinar en serie, paga! 2

Septiembre 11, 2016 - 12:00 a.m. Por: Rafael Nieto Loaiza

Si el costo de la participación política de las Farc es excesivo y generador de nuevas violencias, en materia de justicia es aún peor.Admitamos que conseguir que los asesinos dejen de matar suponen renunciar a la aplicación integral de la justicia. Es la lógica de la llamada justicia transicional. Pero si antes del 2002 esa renuncia parcial a la justicia en aras de ‘la paz’ podía hacerse casi sin límites, desde entonces está condicionada a dos elementos: por un lado, al cumplimiento de lo que ordena el tratado que puso en vigencia la Corte Penal Internacional (CPI) y, por el otro, a que la reducción en justicia se compense con mucha verdad y mucha reparación para las víctimas.Pues bien, los pactos entre Santos y las Farc no cumplen ninguno de esos criterios. Santos alega que no habrá impunidad, dizque porque habrá juzgamiento y sanción. Lo que no dice es que la inmensa mayoría de guerrilleros será amnistiada o indultada y que los que no lo sean solo tendrán una sanción que es simbólica y que no se ajusta al estatuto de la citada Corte. Primero, el Acuerdo con las Farc sostiene que “en ningún caso habrá cárcel o prisión ni medida de aseguramiento equivalente”. Ni siquiera para los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Las ‘sanciones’ que se pactaron son “trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas” como participación en “programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, de eliminación de residuos, o reparación de infraestructura”.Además, a los responsables de esos crímenes atroces se les pagarán por ‘participar’ en esos programas. En efecto, mientras que están ‘condenados’ cada uno de ellos recibirá del Estado diez millones de pesos, una suma mensual equivalente al 90% del salario mínimo y se les pagará su seguridad social. Más aun, esos criminales, mientras que cumplen su ‘condena’, podrán postularse y ejercer cargos de elección popular.Además, las ‘sanciones’ que se acodaron violan lo que ordena el Estatuto de la CPI. En ese Estatuto, artículo 77, se dice que las sanciones serán la ‘reclusión’, es decir, una pena privativa de la libertad como la cárcel o la prisión, y la ‘multa’. Nada más. Por eso, la Fiscal de esa Corte dijo la semana pasada que “la importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas -que por definición incluye sanciones efectivas– en la consolidación de una paz sostenible no puede ser suficientemente enfatizada”. Claro, el Gobierno nunca se refirió a esas advertencias de la Fiscal. No le convenían.Esas del pacto de Santos con las Farc no son sanciones ni mucho menos sanciones efectivas ni acá ni en Cafarnaún. Son pura paja. Ya las quisiera cualquier preso en Colombia. O cualquier desempleado.Es indispensable pensar en el mensaje que se da al ciudadano de a pie que no encuentra empleo y que no recibe del Estado ni un céntimo y que en cambio ve a los asesinos obtener millones. Y en el que se envía a los delincuentes comunes, el ladronzuelo de poca monta o, incluso, el que mató exaltado por pasión o con tragos. Ese pagará muchos años de prisión y estos asesinos sistemáticos y masivos, que han matado y secuestrado a ciencia y conciencia por décadas, no solo no van a la cárcel sino que resultan premiados. ¿Cuál es el mensaje ético? ¿No hay invitación a la violencia?Agréguese que en ningún lado se obliga a los guerrilleros a reparar materialmente a las víctimas. Peor sería difícil.

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