Acuerdo de impunidad

El acuerdo con las Farc en materia de ‘justicia’ confirma nuestros temores: Es de impunidad. Por un lado, establece que el Estado amnistiará o indultará todos los delitos políticos y conexos cometidos por los miembros de las Farc. La trampa está en que no se usarán los criterios de conexidad existentes hoy en la jurisprudencia, sino otros según los cuales también son conexos el asesinato y secuestro de militares y policías y todas las conductas “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, entiéndase el narcotráfico y los de Teodora. Pero la impunidad es peor: “se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes”. Es decir, la amnistía y el indulto cubrirán delitos típicamente comunes. Hoy solo son posibles las amnistías por delitos políticos y conexos y el narcotráfico está excluido de la conexidad. Por el otro, aunque se juzgarán los crímenes de lesa humanidad y los de guerra, los responsables no tendrán penas reales ni efectivas. Se pactó que: a) no habrá cárcel ni ningún tipo de privación de libertad, b) las “sanciones” serán de dos (sí, dos) a ocho años, y c) las que se impongan “no inhabilitarán para la participación política ni limitarán el ejercicio de ningún derecho de participación política”. En otras palabras, secuestradores, violadores, asesinos, terroristas y narcotraficantes podrán ser elegidos congresistas, alcaldes y gobernadores sin ninguna restricción. El acuerdo no es sostenible. El pacto está dirigido a dejar sin pena efectiva los crímenes de lesa humanidad y los de guerra y, por tanto, se abre la puerta a la competencia de la Corte Penal Internacional. El acuerdo atenta contra la institucionalidad. A diferencia de todos y cada uno de los procesos de paz anteriores en Colombia, en este caso se deja de lado el sistema de administración de justicia nacional y no se aplicará la ley colombiana. Se crea un “tribunal especial de paz” distinto a los nacionales y será ese tribunal el que defina los tipos penales, las “penas” y el procedimiento penal aplicables, dentro de los límites definidos por Farc y Gobierno. Además, ese tribunal especial estará por encima de la administración de justicia nacional y de las altas Cortes y ejercerá sus “funciones judiciales de manera autónoma y preferente”.El acuerdo no garantiza la verdad. Para las Farc y el Gobierno la verdad es “esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos” no que los criminales cuenten y asuman la responsabilidad de todos y cada uno de los delitos que han cometido. En ningún lado se establece la obligación de confesar todos los delitos cometidos y no se pierden los beneficios por no hacer esa confesión íntegra, a diferencia de lo que ocurre en la ley de Justicia y Paz. Sobre los temas de reparación, lavado de activos y tratamiento desigual para los miembros de la Fuerza Pública, es necesaria otra columna. Mientras tanto, por fin se hizo justicia en el caso Plazas Vega. Es indispensable investigar a los fiscales que alimentaron a los falsos testigos e inventaron al menos uno. Quedan muchos casos flagrantes de militares injustamente privados de su libertad, el general Uscátegui de primero.