Un país (más) resquebrajado

Un país (más) resquebrajado

Septiembre 12, 2016 - 12:00 a.m. Por: Pedro Medellín

Mientras que los colombianos estamos sumidos en la absurda polarización del Sí o el No al ‘plebiscito’, cada día se producen hechos que muestran cómo las instituciones se siguen resquebrajando a un ritmo incontenible. La decisión del Consejo de Estado de anular la elección del Procurador General, Alejandro Ordoñez, refleja la profundidad de la crisis en que sigue cayendo el país. La razón: la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado encontró que “se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política”. Como se sabe, el artículo consagra una prohibición que anula el acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer. Aquí lo preocupante no es solamente que el máximo jefe de la entidad responsable de la defensa del interés público, tenga que abandonar su cargo por haber incurrido en prácticas indebidas, buscando asegurar su nominación. También (y sobre todo) porque la instancia comprometida en los hechos es, ni más ni menos, que la Corte Suprema de Justicia. En su sentencia, el Consejo de Estado acusa a la Sala Plena de la Corte Suprema, de incurrir en una ilegalidad al permitir que los magistrados con familiares nombrados en la Procuraduría, intervinieran en la votación que elegiría a Ordoñez como candidato de la Corte al Ministerio Público. Y no es la primera vez que el Consejo anula una elección de la Corte. Ya en 2014 lo hizo con la de Francisco Ricaurte y Pedro Munar como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. La razón: pasaron de la Corte Suprema a la Judicatura después de ser nominados por los magistrados de la Corte por los que ellos habían votado para hacer parte de esa corporación. Pese a los esfuerzos de la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, por defender la legalidad de la nominación que en su momento hizo de Ordoñez, la decisión del Consejo de Estado no deja bien parada a la Corte Suprema. Mucho más cuando horas después de conocerse la anulación de la elección de Ordoñez, la Sala Plena de la Corte nomina como candidato a la Procuraduría al exvicefiscal General, Jorge Perdomo, quien ha sido cuestionado por haber suscrito más de 800 contratos en los cuatro meses que estuvo como Fiscal encargado.Pareciera que una decisión sigue a la otra. Que la Corte Suprema con su nominación, está retando al Consejo de Estado en un enfrentamiento institucional, justo en un momento en que el ordenamiento jurídico y político hace agua por todas partes. Es decir, un momento en que los empresarios e inversionistas están protestando por la inseguridad jurídica que comienza a atentar contra los negocios; en que los movimientos de transportadores, agricultores o minorías, mantienen sus amenazas de volver a la huelga si el gobierno no cumple con los compromisos pactados para levantar sus paros; en que los medios muestran cómo en la Cámara de Representantes la pelea por la burocracia es tan feroz, que en la elección del Defensor del Pueblo aparecen 158 votos, cuando había sólo 154 representantes; o que la publicidad muestra cómo los promotores de las campañas por el Sí o por el No, pasan por encima de las restricciones impuestas por la Corte Constitucional para el desarrollo del plebiscito.Lo grave de todo esto, es que por andar en la polarización, no estamos valorando debidamente lo que sucede. Por eso vemos que para los políticos y los medios, lo importante no está en establecer las responsabilidades de quienes posibilitaron la posesión ilegal de Ordoñez y cuales serán los castigos. Solo quieren saber si se va a lanzar o no a la Presidencia o si se va con los conservadores o con el Centro Democrático. Mientras tanto, la institucionalidad del país se hunde sin que hagamos nada por evitarlo.

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