Patriotismo hoy, vergüenza mañana

Preocupante ver a los dirigentes políticos y empresariales del país, apoyando la decisión del presidente Santos de no comparecer más ante la Corte Internacional de La Haya, tras el descalabro jurídico sufrido este jueves en esa instancia judicial. ¿Están conscientes de las consecuencias internas y externas que tiene esa decisión? ¿Están dispuestos en unos años a asumir la responsabilidad política de haber permitido semejante decisión?El hecho de que un país no comparezca ante la Corte Internacional, no suspende el proceso. Ni mucho menos impide la obligación de cumplir sus sentencias. Es lo que sucedió con Estados Unidos en 1986, cuando ante una demanda de Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia determinó que había violado el ordenamiento jurídico internacional al intervenir en asuntos internos de otro Estado. En principio, los estadounidenses rechazaron la demanda argumentando que la Corte Internacional “carecía de competencia”. Su ausencia del proceso judicial no impidió que los jueces avanzaran en su trabajo, y en noviembre de 1986, varios meses después de la sentencia condenatoria, la Asamblea General de Naciones Unidas, expidió una resolución para presionar a los Estados Unidos a pagar la indemnización determinada por esa instancia judicial. La presión llego a ser tan fuerte, que sólo el desistimiento de los nicaragüenses a continuar con el proceso, puso fin a la controversia. Colombia no puede olvidar que, según el Art. 92 de la Carta de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia “será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas”. En tanto que el Art. 94, establece que “cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”. No es serio ni responsable, hacerle el quite a la Carta de las Naciones Unidas, más cuando la estamos convocando para que juegue un papel principalísimo en la verificación de los Acuerdos que se suscriban en la Habana con las Farc.Lo paradójico de todo esto, es que la comunidad raizal de San Andrés es la única que ha expresado su preocupación, en carta al presidente Santos, “por el anuncio público de no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia para seguir con el proceso de defensa del Territorio Ancestral del Pueblo Raizal del Archipiélago en el marco del litigio con la hermana República de Nicaragua”. Este lenguaje de los raizales, contrasta bien con el tono bélico del expresidente Gaviria. Y tienen razones para utilizarlo. “Sabíamos que iba a pasar. Después de revisar las normas internacionales entendimos que la Corte se iba a declarar competente en el estudio de la demanda de Nicaragua”, dijo Endis Livistong uno de los líderes raizales al Canal El Tiempo, y agregó, “El Presidente puede decir lo que quiera, pero los fallos de la Corte Internacional de Justicia, se deben acatar”.Es evidente que el gobierno debería escuchar a la comunidad raizal. Y hacerlos partícipes de los procesos de negociación que se vienen en adelante con el gobierno nicaragüense. O por lo menos contar con sus abogados, que están demostrando tener mucho más conocimiento y comprensión del problema que el administrativista y el constitucionalista a quienes el gobierno entregó el caso. A ver si finalmente nuestros dirigentes entienden que este patrioterismo de hoy, va a ser la vergüenza de mañana cuando tengamos que cumplir con la palabra empeñada.