¿Obviar la agroindustria?

Los gremios agropecuarios del país andan con los pelos de punta. Y no es para menos. El secretismo y el carácter excluyente con que se empiezan a desarrollar las leyes y decretos con los que se implementan los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno y las Farc, especialmente en el punto 1 de tierras y desarrollo agrícola, los tiene sin posibilidad de acción.

El poder decisional que comienza a mostrar la llamada Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC), ha encendido las alarmas.

La transformación vivida por el denominado proyecto de Ley de Innovación Agropecuaria, radicado el 1 de marzo de 2017 en comisiones quintas de Senado y Cámara, hace comprensible la preocupación. El proyecto nace por iniciativa de Corpoica y Colciencias, con el objetivo de ampliar el espectro de la asistencia técnica como un componente clave para el desarrollo de innovaciones productivas en el agro colombiano; ordenar el sistema de relaciones intergubernamentales que debe regir la acción del Estado en la asistencia técnica; y redefinir los criterios y modalidades en el manejo de los recursos provenientes de la parafiscalidad.

Pero discutido y redactado el proyecto, los directores de estas entidades no podían someter directamente el proyecto al Congreso para ser convertido en Ley.

Como se sabe, en cumplimiento del Acuerdo con las Farc, el gobierno expidió el Decreto 1995 de 2016 (que crea la Csivi), ordena que cualquier proyecto de Ley que se presente para implementar los acuerdos se someta a la aprobación de esa Comisión. Según el numeral 6, la comisión debe “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la República o presentados ante el Congreso, según sea el caso”; Y en el numeral 7 la autoriza a “proponer al Gobierno Nacional los borradores de normas que se consideren necesarias para la implementación del Acuerdo Final, sin perjuicio de las facultades ordinarias del Congreso de la República”.

Es decir, la Csivi es la primera y única instancia que legisla y gobierna todo lo que se decida para implementar los acuerdos, en los próximos 10 años. Es el periodo en el que cesan sus funciones. La primera, porque nadie en el gobierno puede presentar proyectos de Ley sin que pase por la revisión de la Csivi, para que le dé su aprobación. Y la última, porque ellos son quienes dirán que cambio (propuesto por los congresistas en su proceso de deliberación) podrá o no ser aceptado y por tanto incorporado en el texto final de la Ley o Acto Legislativo que se expida por el Congreso.

Así, en desarrollo de esta obligación impuesta por el Decreto Presidencial, Corpoica y Colciencias sometieron su proyecto a la aprobación de la Csivi. Para su sorpresa, el proyecto fue modificado por los miembros del Csivi, eliminando cualquier referencia a la agroindustria y abriendo los espacios para una nueva manera de gestionar los recursos parafiscales y dando una nueva fuerza a las unidades municipales de asistencia técnica (Umata).

El propósito inicial de la ley, se modificó. Y sin margen de discusión. La Csivi, tomó la decisión de los ajustes, según su criterio, modifico lo que le parecía. Y esa Comisión será la que acepte o rechace los cambios sugeridos por los congresistas para su expedición como Ley de la República. Son el poder real y ejercen en consecuencia.

El problema está en que, por lo visto, Csivi es una instancia que no consulta ni discute, ni siquiera con el propio gobierno. Las leyes deben reflejar los Acuerdos. Lo que no está claro es qué parte de los Acuerdos ordena suprimir las referencias a la agroindustria. ¿O será solamente una expresión de la ideología de los acuerdos? ¿Qué dicen los gremios?