Los ‘poca cosa’

“A mí deme puestos y contratos, y yo le voto un IVA del 30 %, si quiere”. La afirmación del congresista no puede ser más clara y contundente. Se la dijo a un funcionario del gobierno Duque cuando se estaban aprobando los cambios al régimen tributario a través de la llamada Ley de Financiamiento. Era el reflejo del cuadro extorsivo al que senadores y representantes han venido sometiendo a este y a los gobiernos anteriores, para asegurar la aprobación de los proyectos de ley o reforma constitucional que necesitan para gobernar. Y es el lema moral de quienes ven en la política la oportunidad de enriquecerse rápidamente.

Claro que se entiende que hayan individuos tan incompetentes que, para sobrevivir en la política, necesitan de puestos y contratos. Pero, de verdad, ¿estarían dispuestos a aprobar un IVA del 30 %? ¿Cuánto habrá que pagar para que aprueben lo que el Gobierno -comprador del voto- necesita? Los que saben, dicen que una reforma de este tipo puede dejar a un congresista que presione una proporción de puestos y contratos que le dejen libre, un promedio de mil millones de pesos. Es decir que los funcionarios nombrados gracias a la ‘gestión política’ del congresista y los contratistas a los que les consiguió el proyecto, aportarán en comisiones a su ‘benefactor’ unos mil millones de pesos por los favores recibidos.

No hay duda de que es muy poca cosa. A manera de ejemplo, si se supone que una empresa cervecera, para evitar que le pongan IVA a sus productos está dispuesta a pagar mil millones de pesos a cada congresista que interviene de manera decisiva en esa aprobación, terminaría pagando menos de una quinta parte de lo que debería si tuviera que pagar el impuesto. Y para un banco que pretende evitar que le quiten algunas exenciones que hoy tiene (no todas), ese ‘aporte’ le significaría unas veinte o treinta veces lo que debería estar cubriendo si tuviera que pagar el impuesto. Los congresistas que se venden, lo hacen por muy poco.

Claro, algunos dirán que el IVA a las bebidas o las exenciones a los bancos, es apenas uno de los frentes en los que un congresista se podría beneficiar. El mapa de bienes e intereses que una reforma de ese tipo podría llegar a afectar a las empresas o a la economía de otro país, es tan grande que no habría forma de hacer un cálculo más preciso de cuánto puede sacar un senador o representante por votar los proyectos bien aceitados para algunos sectores. Lo cierto es que no en todos los casos pueden proceder de la misma manera.

Ahora, es evidente que para que ese mecanismo extorsivo funcione, se necesitan gobiernos poca cosa. Es decir, lo suficientemente débiles y dispuestos a evitar fórmulas que le impliquen tomar medidas que afecten a los más poderosos o que les imponga una cierta disciplina en el manejo de los recursos públicos. Y por eso prefieren recurrir a pagar el peaje que les imponen los congresistas o aprobar proyectos que afecten a sectores con escasa capacidad de reacción política.

Por eso, en sus reformas tributarias castigan con las mayores cargas a las clases medias y a los trabajadores independientes que, en condiciones de partidos políticos frágiles, son los que menor capacidad de presión política tienen.

El trámite de la llamada Ley de Financiamiento que se aprobó en el Congreso, deja muchas buenas lecciones. Por ejemplo, demostró que a pesar de la acción de los lobistas más importantes, hubo empresas y sectores que no pudieron mantener su estatus de intocables o sus ventajas eternas. Por ahora, las cervezas y gaseosas pagarán IVA a la cadena de distribución. El gobierno Duque se la jugó y lo sacó adelante. Ojalá no lo terminen asumiendo los consumidores. Un muy buen paso, aunque todavía quedan en pie exenciones y ventajas para muchos poderosos.