Las lágrimas del juez

Las lágrimas del juez

Octubre 21, 2018 - 06:45 a.m. Por: Pedro Medellín

En un momento en que nos lamentamos de la grave crisis de la Justicia en Colombia, en el diario El Tiempo se cuenta la historia del juez de San Andrés que “lloró tras impartir justicia”. Era, ni más ni menos, que el juez primero penal mixto de San Andrés, Jair Torres Díaz, y el hecho ocurrió antes de anunciar la decisión de enviar a la cárcel a cuatro de los más altos funcionarios de la isla por corrupción. “Es cierto. Se me escurrieron un par de lágrimas al escuchar el monto del dinero involucrado. Aquí hay mucha pobreza. Con 120.000 millones de pesos se pueden hacer vías, colegios y centros de salud para la gente más pobre de la isla y no es justo que desvíe”, dijo Torres al periódico.

Habrá quienes no tarden en salir a cuestionar al juez por populista emocional o por montar espectáculos que solo sirven a la prensa amarillista. Que un juez no puede dejarse afectar por los elementos que intervienen en el caso que juzga.

Sin embargo, creo que ese acto debe ser entendido como una reacción sincera a un delito inaceptable y, más allá de lo emocional, refleja lo paradójico de la crisis que vive la Justicia en Colombia.

Esto es, que en un país acosado por la indiferencia de sus ciudadanos ante el delito, resulta sorprendente que un servidor público que imparte justicia, llore por la indignación que le produce el monto de los dineros públicos involucrados en los hechos. Y mucho más que esto ocurra en un momento en el que cada vez, más magistrados de las Altas Cortes aparecen trenzados en disputas internas, intrigas palaciegas y actos corruptos.

Lo paradójico está en que las lágrimas de un juez muestran la profundidad de la fractura institucional en la administración de justicia: por un lado, van los magistrados de la JEP urdiendo todo tipo de intrigas buscando que en lugar de dos auxiliares les nombren cinco, o les garanticen vehículos blindados; o los de la Corte Constitucional lanzándose acusaciones y señalamientos entre ellos; o los de la Corte Suprema tratando de explicar algo que no tiene justificación, ni explicación.

Pero por otro van los jueces que en los territorios, con cada vez menos recursos técnicos y financieros, tienen que enfrentar y castigar delitos cada vez más despreciables o personajes que se han apropiado de recursos públicos cuya magnitud desborda cualquier proporción imaginada. Y que no importan los vínculos políticos o familiares que puedan tener con los más altos niveles del Estado, para ellos también está la cárcel.

Es evidente que para cualquier ciudadano que observa desprevenido que en San Andrés -tan golpeado por la corrupción- un juez llora de indignación antes de condenar a cuatro corruptos del más alto pelambre, esas lágrimas lejos de producirle la desconfianza de tener un juez blando, en realidad le dan la confianza de saber que en la administración pública tiene a un servidor que es capaz de actuar sabiendo que lo que está en juego es lo que beneficia o perjudica a todos.

La señal que queda es inobjetable: de la correcta administración de justicia en el territorio no solo pueden emerger las bases de lo que podría ser el camino hacia el restablecimiento de la institucionalidad y la legitimidad democrática, sino que también se pueden establecer los principios que guíen la reconciliación entre los colombianos.

Qué paradoja. En medio de una profunda crisis ética, todos lloramos. Un juez, por la indignación que le produce el monto de los recursos involucrados en un acto de corrupción que tuvo que castigar; y los ciudadanos que lloran de emoción por ver que hay servidores capaces de poner en la cárcel a cuatro corruptos que se habían apropiado recursos que bien habían podido servir para el beneficio de nuestros compatriotas isleños.

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