La difícil tarea de discrepar

No era fácil. Decir NO a un acuerdo entre el gobierno y las Farc, con el que esa guerrilla desaparecía, parecía un suicidio. En un país acostumbrado a la inmediatez, al negocio rápido, al atajo, pues el riesgo era mayor. ‘Guerrerista’, ‘insensato’, ‘insensible’. ‘¡Ustedes serán los responsables de que la gente se siga matando!’ Eran los calificativos y acusaciones que nos esperaban y no tardaron en llegar. Otra prueba de intolerancia del “quien no está conmigo, está contra mí”. Y no era la primera vez que estábamos ante esta situación. Desde el 7 de agosto de 2002, cuando horas después de su posesión, el presidente Uribe pretendió dar indulto a los paramilitares en un artículo camuflado en el proyecto de referendo que sometería a la aprobación de los colombianos. Allí pedía que se le dieran facultades para asignar dos curules en consejos municipales, dos en asambleas departamentales y dos en cámara de representantes, a los “grupos armados ilegales que estuvieran en negociaciones de paz con el gobierno”. La atrocidad de los delitos cometidos por los ‘paras’ hacían imposible que se les diera impunidad y mucho menos representación política. ¿En nombre de quién llegaban a las corporaciones públicas? ¿A quién iban a representar? Frente a esa situación había que pararse duro y hablar claro. Que los ‘paras’ no estaban dispuestos a recibir cárcel ¿Y quién está dispuesto a recibir cárcel? La reacción fue inmediata: ‘Terrorista’, ‘¡amigo de las Farc!’ ‘¿Por qué se le quiere atravesar al presidente Uribe?’ ‘¿No se da cuenta que lo está haciendo por el bien del país?’ ‘Deje trabajar en paz a Uribe’. Por fortuna, la Corte Constitucional tumbó el parágrafo que le daba tales facultades a Uribe e impidió semejante gabela. El camino que buscó a través de la ‘ley de alternatividad penal’, proponía la reclusión de los jefes paramilitares en “granjas agrícolas”, tuvo que someterse a un duro tránsito en el Congreso. Entonces, la oposición de los liberales y el Polo Democrático, fue logrando resultados positivos. Lo que había comenzado como una ley de perdón y olvido, terminó como una Ley de Justicia y Paz que con los ajustes hechos por la Corte (otra vez las cortes) y la reglamentación del gobierno, se aplicó como una ley legitimada por los colombianos. Y los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, pagando entre 5 y 8 años de cárcel.Con esa ley, se llegaría a averiguar la verdad de muchos de los casos sumergidos en la impunidad. Y, sobre todo, se destaparía la parapolítica que llevó a la cárcel a más de sesenta congresistas y dirigentes políticos regionales. Y fueron nuestros jueces y fiscales, y bajo nuestras normas, las que lo hicieron posible.Y si el proceso con los ‘paras’, que habían llegado a concentrar un poder político y territorial más grande que las Farc, ¿porqué cuando se negocia con esa organización guerrillera no había que establecer mínimos de justicia? Claro que se trata de dos organizaciones distintas. Pero los crímenes de guerra ni los delitos de lesa humanidad distinguen a militares de guerrilleros o paramilitares. El ataque a poblaciones en condiciones de indefensión (masacres, genocidios, desplazamiento, tortura, violación o desaparición forzada), sólo homologan a quienes no tuvieron la honradez de combatir en franca lid a sus contrarios, o atacaron a población civil protegida. Allí no hay diferencias.La inesperada victoria del NO, fue lo mejor que pudo haber pasado. No sólo porque creó la igualmente inesperada conciencia sobre la necesidad de reconocer y dialogar con los que discrepaban. También porque con el NO se logró que lo que podía ser un acuerdo intocado con el apoyo de una parte de los colombianos, en realidad pueda ser un acuerdo mejorado y apoyado por todos.