Inutilidad de la inversión social

Al finalizar 2015, la Fundación Colombia Líder y la Revista Semana declararon al alcalde de Palmira José Ritter López como el ‘Mejor alcalde de Colombia 2012-2015’, luego de evaluar los logros de los 1.102 alcaldes en materias como buena gestión pública en temas como ranking fiscal, educación, salud, superación de la pobreza extrema, gobernabilidad y transparencia. No se trata de cuestionar el premio ni la buena labor realizada por este Alcalde. Ni más faltaba. Lo que quiero resaltar aquí, es lo paradójico que resulta que un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo para combatir la violencia, sea precisamente aquel en que al finalizar 2015 se han registrado preocupantes incrementos en los indicadores de delitos contra la vida en el país. Si de la mano de López Ritter, Palmira impulsó una inversión social que ha sido la más alta de los últimos 30 años, ¿cómo explicar el aumento en la tasa de homicidios de 51 por cada 100 mil habitantes en 2014 a 66 por cada 100 mil habitantes en 2015?La primera respuesta es evidente: en el Valle la violencia ha permeado de tal manera el tejido social, que se ha convertido en uno de los principales reguladores de las relaciones sociales. Las diferencias no se resuelven por las vías del diálogo o la amigable composición. Se resuelven a golpes. No hay sino que ver cómo se tramitan las ‘diferencias’ entre dos conductores de bus o taxi o unos vecinos que tienen problemas de linderos; o cómo se configuran las ‘fronteras invisibles’ en barrios que varios grupos armados se disputan su control territorial.Pero hay una segunda respuesta, que puede ser todavía más preocupante que la anterior: en el Valle la delincuencia se ha profesionalizado a tal ritmo y de tal manera, que ha desbordado la misma capacidad del Estado para su contención y erradicación. Ya no se trata de un problema de falta de oportunidades, sino de un problema de competitividad sectorial.La industria del delito es tan exitosa, que la dinámica de contratación y retribución al trabajo ha adquirido un desarrollo imparable en la región. Son más las oportunidades que le ofrece a los jóvenes vallecaucanos, que las que le puede ofrecer cualquiera de los empleadores o emprendedores de la economía formal. En torno al microtráfico, el boleteo y la extorsión, son miles y miles de millones de pesos los que se mueven diariamente en los municipios del Valle del Cauca. Eso explica no sólo la proliferación de bandas armadas, sino -sobre todo- su profesionalización como actividad económica de alta rentabilidad.El otro elemento es que se trata de una industria que se ha sofisticado aceleradamente. El tráfico de armas y municiones fácilmente puede representar uno de los rubros más dinámicos de la economía regional. Y eso sin considerar la riqueza que se mueve por los corredores estratégicos del departamento, ni los ingresos que les representa a otro tipo de organizaciones ilegales (trata de personas, tráfico de órganos, etc.) la existencia del puerto de Buenaventura o del aeropuerto en Palmira.Así, por más recursos en salud y educación que movilicen los gobiernos a través de inversión social, para complementar la tarea de la fuerza pública en reprimir el delito, serán recursos perdidos y de los que muy poco impacto se puede lograr. Aquí el tema es control territorial y hay que darle la mano a la Fuerza Pública para que lo recupere.Y ese esfuerzo policial y militar no se complementa con la inversión social, sino con la inversión productiva que dinamice las economías de tal manera, que pueda hacer mejores y más atractivas propuestas de enganche a los miles de jóvenes vallecaucanos que los saque de la actividad criminal. Es una de las pocas alternativas realistas y de verdadero impacto que las autoridades tienen a la mano.