¿Enemigos de la paz?

Febrero 29, 2016 - 12:00 a. m. 2016-02-29 Por: Pedro Medellín

Qué paradoja. Hace apenas unos años, cualquier informe, denuncia o reclamación sobre los derechos humanos sobre Colombia que hicieran Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), eran consideradas denuncias de mamertos. Cuando no eran acusados de amigos de los terroristas o miembros de las Farc se les sindicaba de tergiversar la realidad de los derechos humanos en Colombia. A José Miguel Vivanco, director de HRW, el entonces Presidente Uribe y su ministro Santos lo atacaban por considerar que sus denuncias eran producto del “rencor personal, ceguera, dogmatismo y fanatismo”. Los ataques a AI no seguían sendero distinto.Sin embargo, ahora que ellos mismos han salido a denunciar el riesgo de impunidad que ronda a los acuerdos de La Habana han dejado de ser los amigos del terrorismo para convertirse en los enemigos de la paz. Los argumentos de Vivanco son contundentes. Al referirse al Acuerdo Especial de Justicia, suscrito por el líder de las Farc y el Presidente Santos dice que “un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”. Por su parte, Amnistía Internacional cuestiona seriamente la naturaleza de los castigos establecidos en el acuerdo: “Al proponer sanciones que no parecen ser proporcionales a la gravedad de los crímenes de derecho internacional, Colombia podía estar incumpliendo su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de prevenir y castigar tales crímenes”.En su defensa el Gobierno apenas logra argumentar que “se trata de asegurar (...) que se satisfagan de la mejor manera los derechos de las víctimas, y que se den garantías de seguridad jurídica a todos los que se acojan a los diferentes mecanismos y medidas del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”. Una de las preguntas complejas es, ¿si con el ambiguo concepto de “restricción de libertades” se cumple con el derecho de las víctimas de una masacre o un genocidio a la justicia? Es evidente que no ha podido explicar en qué consiste este concepto, no solamente porque no hay una norma que lo defina. También porque la práctica ha llevado a que una “restricción” no siempre implica una condición sancionatoria. Una medida restrictiva (de movimiento o localización), también puede cumplir una función preventiva que los ciudadanos asumen como condición para garantizar su seguridad. El gobierno debería hacerle entender a las Farc que los estándares internacionales de la justicia transicional permiten modificar el ‘quantum’ de las penas pero nunca la naturaleza del castigo (pena privativa de libertad), que debe quedar igual. Por eso es que pronto veremos que muchos países, siguiendo a Estados Unidos, reclamarán una efectiva aplicación de penas proporcionales a los delitos cometidos. Y esto para no hablar de los vacíos que hay en la conformación y composición del Tribunal que se establece como cabeza de la creada “Jurisdicción Especial de Paz”.Preocupa mucho que por el afán de firmar en los tiempos prometidos, el Gobierno no busque los correctivos del caso. Sobre todo en una coyuntura en la que el ELN comienza a emerger como una guerrilla con capacidad de fuego y control territorial (¿?), cuya expectativa de negociación con el gobierno no parece tener límites. Por fortuna quedan quienes, más allá de su ideología, no cesan en su tarea de denunciar la violación de los derechos o el riego de impunidad como el que puede asumir el gobierno colombiano por la urgencia de firmar un acuerdo con las Farc. Parafraseando a Kant, en su ‘Paz Perpetúa’, se podría decir que sin justicia un tratado de paz jamás será valido, porque al no garantizar esta condición, no se podrá erradicar la tentación de que en el futuro se active otra guerra. Nadie lo garantiza.

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