En estado de emergencia

La situación de inseguridad en Cali ha llegado a un punto insostenible. El ataque sicarial al gerente del Hospital Universitario de Cali (HUV), Iner Torres, cuando salía de la unidad residencial al sur de la ciudad, es la gota que rebosa la copa. No solo porque, al analizar los procedimientos queda claro que se trata de una nueva acción armada (¡otra más!) de una bien estructurada banda de sicarios de las casi 100 que operan en la ciudad. También porque al considerar la hora en que ocurren los hechos, queda en evidencia el gravísimo riesgo al que queda expuesta la comunidad (sobre todo los niños que van hacia sus colegios), cuando se desata una balacera como la ocurrida.

Hemos llegado a un punto en que ni la sociedad, ni las autoridades pueden seguir registrando con preocupación este tipo de hechos. Ni tampoco se puede seguir actuando conforme a los protocolos establecidos, como si se tratara de una situación normal. Llegó la hora de decir, ¡basta ya! Las autoridades no deben dar tratamiento de normalidad a este tipo de hechos, porque no son ni deben hacer parte de una ‘normalidad’ que se vive en una ciudad tan compleja como Cali. Y tampoco la sociedad puede permanecer como atemorizada frente a lo que ocurre.

Es hora de hacer un replanteamiento a fondo de la manera como se está enfrentando el problema. Hay que declarar a Cali en estado de emergencia. Ya no se trata solamente de ofrecer recompensas a quienes entreguen información que conduzca a la captura de los responsables de los delitos, o de pedir un aumento en el pie de fuerza policial para perseguir a los delincuentes. No. Ahora se trata de emprender acciones que realmente aumenten la capacidad de acción operativa de la fuerza pública en el combate al delito.

Por una parte, ante la falta de recursos financieros y humanos para tener más policías, es absolutamente urgente diseñar y desarrollar programas de acción combinada con las fuerzas militares que ayuden a hacer la tarea a la Policía en los barrios más complejos de Cali. No se trata de una militarización de la ciudad. No. Se trata de un programa de asistencia de los militares en el patrullaje de aquellos puntos y en las horas en que es evidente que la acción del delito desborda la capacidad de la Policía para contener a los delincuentes. Me refiero, por ejemplo, al apoyo que los militares pueden prestar a la Policía en las comunas 6, 13, 14, 15, 18 y 21.

Y por otra parte, hay que mejorar sustancialmente la capacidad tecnológica y las redes de apoyo que tiene disponible la Policía. Se trata de que puedan contar con más y mejores recursos de tecnología y análisis, que les permita no sólo trabajar de manera más eficiente la recolección y el tratamiento de la información que reciben para convertirla en inteligencia, sino también regular las modalidades de apoyo ciudadano a la Policía, que se traduzcan en una mayor y más rápida capacidad de prevención del delito.

Pero la responsabilidad no está solo en la Policía. La sociedad caleña también debe exigir a las autoridades judiciales que de verdad actúen frente al delito. Hay que movilizarse frente a los jueces y magistrados cuyos fallos permiten a los delincuentes andar por la calle. ¿Cómo que en este tipo de acciones delincuenciales participan individuos que están en prisión domiciliaria? O peor aún, ¿cómo así que individuos que han sido capturados en flagrancia quedan en libertad a los dos o tres días? Son los mismos que corren presurosos a disparar, cuando alguien pone precio a la vida de una persona.

El desafío es claro: O nos declaramos en emergencia y actuamos de verdad para combatir al delito, o las bandas van a terminar controlando y gobernando la ciudad. Así de simple.