El gobierno de los ministros

Antes que baje la espuma de los festejos por haber llegado a un acuerdo con las Farc, el presidente Santos debería considerar que está ante el riesgo de entregar un país sin esa guerrilla, pero con una institucionalidad más frágil de la que recibió de su antecesor Álvaro Uribe. Pese a que desde su posesión se propuso restablecer el equilibrio de poderes y reinstitucionalizar el gobierno, hay mucha probabilidad de que al finalizar sus ocho años de gobierno la situación no sea mejor. Si bien es cierto que con su llegada al gobierno restableció el papel de las instancias decisionales (Consejo de Ministros y Conpes), y que logró recuperar sectores gubernamentales que había encontrado desmantelados (transporte y Justicia), al hacer una observación más global de la situación se encuentran signos muy preocupantes.Por una parte, los enfrentamientos abiertos y persistentes entre el Procurador y el Fiscal General, y entre éste y la Contralora, los choques entre las Cortes y entre éstas con el Legislativo, y las extorsiones cruzadas de éste con el Ejecutivo, no reflejan precisamente un cuadro de estabilidad y fluidez institucional. Nunca, como ahora, las ramas del poder público se habían enfrentado tanto, ni habían estado sometidas a un descrédito mayor. La politización y privatización de la Justicia llevó a una crisis que llegó a las altas cortes; pese a los esfuerzos de institucionalización y fortalecimiento de los partidos políticos, en el Congreso no sólo sigue subordinado al gobierno, sino que se hizo evidente la interferencia de los intereses públicos por los intereses privados. Luego de un proceso de judicialización de la política, que llevó a que más de medio centenar de senadores y representantes terminaran procesados por la parapolítica, con los proyectos de reforma a la Justicia y el de reforma constitucional para el restablecimiento del ‘equilibrio de poderes” presentados por el gobierno, se abrió la puerta para una especie de politización de la justicia. Ante esta oportunidad, los congresistas prefirieron pasar factura al aparato judicial, en particular la Corte Suprema, por sus acciones en el enjuiciamiento por los vínculos con organizaciones armadas ilegales. Los recortes de los espacios de autonomía judicial y el establecimiento de nuevos controles e instancias para enjuiciar a los jueces, por parte del Legislativo, desató un desbordamiento de proporciones.Y como si no fuera suficiente, la institucionalidad gubernamental está muy cuestionada. No hay canales que garanticen la coordinación y la capacidad para llegar adecuadamente al territorio. El Ejecutivo desconectó nivel nacional del local. El sistema de relaciones intergubernamentales se desbarató. No llega a los territorios. La lógica amigo/enemigo, hizo que el gobierno se dejara llevar por el amiguismo. Sin un 10 que repartiera el juego, cada ministro se fue por su lado. La aparición de un Ministerio de la Presidencia solo es el reflejo de una feudalización del aparato gubernamental.Sin duda, este panorama se debe a que Santos concentró su papel como Jefe de Estado en alcanzar el fin del conflicto con las Farc. Ese resultado no habrá como pagárselo. Pero se le olvidó que la otra parte de esa jefatura, era mantener la unidad y el equilibrio de los poderes públicos. Nunca supo pararse a tiempo, para evitar los enfrentamientos entre éstos. Tampoco asumió nunca como Jefe de la Administración. Si no reacciona, en unos años, los historiadores dirán que este fue el mandato de la paz y el gobierno de los ministros.