El Gobierno contra las cuerdas

Por cuenta del caso Odebrecht, el Gobierno sigue pasando tragos amargos. Pese a que muchos en su momento lo defendimos, cada vez es más evidente la responsabilidad del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade. Y no lo es tanto por las declaraciones de los “testigos estrella” de la Fiscalía General, sino por las pruebas concretas que se desprenden de documentos que son de conocimiento público.

Todo está en la manera como se aprobó y gestionó la modificación del contrato para la construcción de proyecto vial llamado Autopista Ruta del Sol, aprobado en marzo de 2009.

El problema comienza cuando se plantea la necesidad de aprobar un proyecto vial adicional que permitiera “una mejora sustancial en la conectividad de Cúcuta y Venezuela con el Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol y con el Río Magdalena”.

De allí nace el proyecto Ocaña - Gamarra, cuestionado no sólo porque fue entregado sin licitación pública (como debía ser), sino porque detrás suyo se ha destapado un gran tejido de corrupción que involucra a empresarios, altos funcionarios del Gobierno y congresistas.

Sin saber (todavía) quién y cómo dio la orden, el proyecto se aprobó incorporando un otrosí al contrato que ya había suscrito la ANI con el consorcio denominado Ruta del Sol II, y conformado por Odebrecht, Estudios y Proyectos del Sol –Episol- y CAS Constructores. Es decir, se entregó a dedo.

El afán por sacarlo adelante, llevó a que el 14 de marzo de 2014, el propio Luis Fernando Andrade, como presidente de la ANI, suscribiera con el consorcio, el acta de inicio de la obra Ocaña - Gamarra, sin cumplir con los requerimientos técnicos y de trámite. Es decir, sin que hubiera recibido el aval fiscal impartido por el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis), ni tampoco la aprobación de las obligaciones contingentes por parte de la Dirección de Crédito Público. Y mucho menos con la autorización principal: la modificación de la declaración de la importancia estratégica del proyecto Ruta del Sol II, por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), necesaria para darle vida legal a la obra.

De ahí en adelante todo fueron equivocaciones del Gobierno. Primero, porque Andrade, sabiendo que la obra se había iniciado, emprende el proceso de legalización ante el Confis, la Dirección de Crédito Público y finalmente el Conpes. Y luego porque el Gobierno, en particular las ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, que sin declarar su impedimento (pues el proyecto favorecía una inversión del padre de Parody), lo aprobaron, cuando algunos de ellos ya debían estar informados de que estaba en marcha y que la entrega debía ser por licitación.

Mientras tanto los contratistas, en especial Odebrecht, adelantaban los ‘trámites’ necesarios para que los cambios que se sucedieran en la ‘legalización’ del proyecto, tuvieran el respaldo de las adiciones necesarias en la ley de presupuesto que debía aprobar el Congreso. Y para ello contrató al senador Bernardo Miguel Elías. Según su versión ante la Justicia, su tarea era “ayudar a los de Odebrecht sacar rápido Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran rápido los recursos con destino a la campaña presidencial de Santos”. Era octubre y las elecciones habían pasado. Las deudas de campaña debían estar pesando mucho sobre las cuentas de los barones regionales.

Es apenas la primera tira de muchas en un tejido corrupto que comienza a deshilacharse y que va a dejar muchas lecciones. Por ejemplo, que hubo gente que no se robó un solo peso, pero que no tuvo el carácter de decir no a los corruptos o aquellos que (como dice uno de los involucrados) dio la orden desde arriba. Porque de ahí venía la orden. Y pronto sabremos qué tan arriba fue.