El diablo y sus detalles

Con la firma de los acuerdos de dejación de armas y cese al fuego bilateral, la negociación de La Habana llegó a un punto irreversible. Las partes, sí o sí, tendrán que suscribir un acuerdo final. Han quedado amarradas de pies y manos. Después de semejante ceremonia, con Jefes de Estado y altos dignatarios de Naciones Unidas, nadie puede levantarse de la mesa.Esa, que es una muy buena noticia, va a dar la medida exacta sobre cuál es la verdadera voluntad de paz de las partes. Es la primera prueba para concretar los acuerdos en los territorios. Es decir, asegurar que lo que se acordó en el papel, se convierta en realidades territoriales.Vamos a ver que sucede cuando los negociadores del Gobierno y de las Farc tengan que concretar algunos asuntos de la dejación de armas y cese al fuego definitivo que, a pesar de haber sido anunciados con bombo y platillo, todavía están sin resolver. Y no son temas menores.Para comenzar, las partes deberán acordar cuál es el tamaño de las zonas veredales en donde se concretará la dejación y entrega de armas a Naciones Unidas, así como de los 8 campamentos anunciados en el acuerdo. Pese a que El Tiempo informó que las primeras tendrán una extensión hasta de 500 km2 y que el Ministerio de Defensa afirmó que las segundas no podrán ser mayores a cuatro hectáreas, las Farc no tardaron en aclarar que es un tema que todavía “en la mesa no está consensuado”.No hay duda de que la extensión de estas zonas tiene un valor estratégico en la negociación. No solo deben garantizar la seguridad para los miembros de las Farc, sino también mantener el control territorial que ya habían ganado con sus acciones militares y que ahora querrán mantener con fines políticos o económicos. Esclarecer este punto permitirá borrar las dudas que en ámbitos académicos y políticos comienzan a plantearse sobre una posible coincidencia entre las zonas veredales y los corredores estratégicos que mantenían las Farc.El segundo asunto por resolver, no menos trascendente, está en lo que se podría denominar la ‘vigencia del Estado de Derecho’ en las veredas. Aún cuando se anunció que en el curso de los seis meses que durará el proceso, las Farc “podrán estar armadas en los sitios de concentración”, todavía no se ha establecido cual será el margen de maniobra real que tendrán las autoridades administrativas y judiciales municipales, en caso de que se presenten situaciones que requieran de su intervención.Hasta ahora, lo que parece claro es que las Farc mantendrán sus estructuras jerárquicas y de autoridad en las zonas veredales. Y que si algún hecho irregular sucede (un homicidio o un enfrentamiento armado), será informado a los funcionarios de Naciones Unidas encargados del monitoreo y la verificación del proceso. Pero de allí no se sabe quiénes ni cómo procederán. Lo que aquí se decida va a aclarar si el Estado de Derecho regirá en todo el territorio, o si más bien se trata de 23 ‘Caguancitos’ como afirman algunos críticos.Finalmente, queda por establecer que sucederá cuando terminen los seis meses. Esto es, si las zonas de concentración o los campamentos se mantendrán como zonas en las cuales se cumplan las penas sustitutivas a la prisión que se han establecido en el punto 5 de Acuerdo de Justicia suscrito entre las Farc y el Gobierno en marzo pasado en La Habana.Si se fija un amplio margen territorial a las zonas veredales, y si la dejación de armas y el cese al fuego funciona, no es descabellado esperar que esa 23 zonas terminen como los territorios en los que se cumplirá la pena sustitutiva (a la cárcel) de restricción de libertades entre 5 y 8 años a los guerrilleros que cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Es apenas la primera prueba real de lo que le espera al país. Vamos a ver hasta qué punto, “el diablo está en los detalles”.