Economistas y desigualdad

Economistas y desigualdad

Diciembre 02, 2018 - 10:09 a.m. Por: Pedro Medellín

Si hay algo que la discusión sobre la reforma tributaria ha puesto sobre la mesa en Colombia, ha sido la incapacidad del partido de los economistas para manejar correctamente los problemas fiscales del país. Y no es que el asunto haya estado en las manos de los políticos o que los gobernantes hayan dado un trámite a espaldas de los expertos.

Los llamo el partido de los economistas porque han estado en todos los gobiernos y son los que cada 1,8 años nos han puesto ante la tarea de hacer una reforma tributaria, en los últimos 28 años. Pero nada que arreglan los problemas.

Hoy el déficit estructural en las finanzas del Estado puede superar los treinta billones de pesos, lo que compromete seriamente varios puntos del PIB. Y eso que hace más de siete años que se inventaron la llamada Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011), con la que se buscó poner “un límite anual en el cual el gasto estructural del país no podrá superar el ingreso estructural, con miras a que ese déficit estructural no supere el 1% del PIB a partir del 2022”.

La regla fiscal se ha convertido en el referente de lo que se promueve como la mejor muestra de seriedad y responsabilidad, cómo se han manejado las finanzas públicas del país. Solo que desde su creación, los gobiernos se han dado sus mañas para esquivar el cumplimiento de la regla fiscal. Así por ejemplo, en los últimos gobiernos el mecanismo de las llamadas ‘vigencias futuras’, se han convertido en la nueva herramienta para comprometerse en mega-inversiones, sin que fiscalmente las cifras se alteren. La razón es muy simple: fiscalmente las vigencias futuras (son deudas que se contraen, poniendo como respaldo los ingresos públicos que se van a recibir en los próximos 25 o 30 años) solo se imputan los montos que se deben cubrir en el primer año. Lo demás que se debe pagar al final de periodo no se considera. Como si no existieran.

Si incluyéramos los 90 billones de pesos en vigencias futuras comprometidas en los 30 proyectos de autopistas 4G, pues el déficit estructural del país se elevaría muchos puntos. Pero como hay que demostrar que la regla fiscal se cumple, esa deuda total no se incluye. Y eso sin considerar que de los 30 proyectos solo 3 están cumpliendo adecuadamente; 6 tienen problemas de gestión; y 21 (léase bien, 21) ni siquiera han arrancado.

El problema está en que, cuando tienen que conseguir recursos adicionales, recurren a la formula facilista de establecer nuevos tributos o forzar aquellos que son de fácil recaudo y producen plata de manera sostenida, como por ejemplo, el IVA o el 4 por mil. No se ponen en la tarea de dónde se puede recortar o racionalizar el gasto o cómo hacerlo más eficiente. Ni siquiera hacen el esfuerzo de buscar ahorro, ahora que el Dane ha reconocido que se le han refundido 8 millones de colombianos a los que tendría que financiar sus gastos en salud, educación o vivienda.

Tampoco se les ocurre atacar el cúmulo de beneficios que (bajo la forma de exenciones, exclusiones, descuentos o tarifas diferenciales) se le han conferido al sector financiero y de seguros, la industria manufactura, algunos servicios (como la hotelería) o la construcción, aún a sabiendas que se pueda tratar de beneficios que lejos de proteger, lo que hace es afectar la competitividad de esos sectores en el país.

Es más, siguen sosteniendo que Colombia se ha convertido en un país de clase media, cuando en realidad el 66 % de los colombianos (es decir, 2 de cada 3), no ganan más de $590.397 mensuales. Es decir, que cerca de 10 millones de trabajadores, no ganan -entre los dos que trabajan en el hogar- un salario mínimo para mantener una familia de tres personas, en promedio. Y aún sabiendo esto, insisten en sus fórmulas fiscales que, lejos de resolver el problema, lo agrava y profundiza la inequidad en el país. Así, ¿cómo salimos de esta?

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