Después del acuerdo

Después del acuerdo

Diciembre 16, 2018 - 06:45 a.m. Por: Pedro Medellín

Finalmente, el gobierno y los estudiantes han llegado a un acuerdo. En los próximos cuatro años, el presupuesto de la educación superior aumentará en 4,5 billones de pesos. Esto significa que para 2022 el sistema recibirá 7,5 billones de pesos. De ese monto, a las universidades públicas llegará un billón 340 mil millones de pesos adicionales para su presupuesto de funcionamiento. Es decir $240.000 millones adicionales a los que se había acordado con los rectores en octubre de este año.

Ahora, si se consideran otros recursos todavía no estimados que, por el acuerdo, podrían entrar en la bolsa de recursos adicionales, se tendría que en realidad la educación superior podría recibir un monto cercano a los seis billones de pesos en los próximos cuatro años.

Pero más allá de la realidad o no de esa cifra, lo cierto es que ningún gobierno había destinado tanto dinero a la educación superior. Y esos recursos van a servir para que las universidades públicas puedan resolver una parte muy importante de los problemas financieros que hoy las tienen acorraladas.

El problema que viene ahora es que, con esos dineros, las universidades públicas deben hacer un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la educación superior en el país. Y eso implica enfrentar y superar dos grandes retos.

En primer lugar, emprender procesos de reestructuración que flexibilicen los sistemas del gobierno universitario. Aún sin considerar el alto grado de politización, el hecho de estar conformada por una comunidad de eruditos, hace que las universidades públicas sean organismos muy rígidos en sus trámites y procedimientos. Todo lo que allí se haga tiene que ser discutido y aprobado por todos. Porque todos lo saben todo. Eso no sólo hace que las universidades estén regidas por unas relaciones de poder muy fragmentadas, que se expresan en pequeños feudos en el aparato académico o en el administrativo.
También lleva a que esas relaciones transcurran y se reproduzcan por canales informales, en los que nadie está dispuesto a exponer sus actos al escrutinio público.

Y en segundo lugar es imprescindible emprender una gran reforma académica que adecue las universidades a las nuevas exigencias del desarrollo. A los nuevos profesionales que quieren competir en el mercado (o por lo menos permanecer en él), se les exige cada vez más elevados niveles de especialización y, al mismo tiempo, una mayor destreza para moverse en terrenos inciertos y desconocidos.

Para enfrentar los nuevos retos, la formación disciplinaria de las facultades ya no es suficiente, ni garantía para ser competitivos. Hoy los individuos deben estar capacitados para abordar problemas y tramitar asuntos que están por fuera de su formación disciplinaria. Ahora deben aportar soluciones a los problemas incluso con conceptos y herramientas que provienen de otras disciplinas. Ya no basta solo con ser economista para entender y adecuarse a la dinámica de los mercados. Ahora hay que entender los cambios legislativos y los parámetros en que se desenvuelve el derecho, o los cambios en los patrones comportamentales que explica la psicología o los avances de la física, la química o la biología. Lo mismo sucede con abogados, ingenieros o administradores públicos y privados.

No hay duda que la universidad pública se encuentra ante su mayor desafío: dar sostenibilidad al nuevo modelo de desarrollo que se vaya consolidando en el país. Pero para eso los estamentos universitarios deben sincerarse: las directivas deben reconocer su inmovilidad y desatar profundos cambios; los docentes deben ir más allá de sus intereses corporativos, y asumir que cada vez deben estar mejor preparados; y los estudiantes, además de estudiar, seguir exigiendo ya no al gobierno, sino ahora a sus profesores, una mayor calidad en la educación que están recibiendo. Es una de las pocas salidas reales que todavía le queda al país.

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