Delinquir por amor

Colombia está a punto de recibir una de las peores noticias que pueda esperar: El electo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara una Ley de Amnistía para los narcotraficantes, como una alternativa para acabar con la ola de violencia sacude a ese país.

El proceso está tan avanzado que, desde hace seis semanas, su gabinete de seguridad ha venido convocando a unos foros públicos para discutir los términos que deberá tener la Ley.

No se trata de una propuesta que saca de la manga el  ahora Presidente de los mexicanos. Ya en 2016, había hecho una propuesta similar de amnistía a los políticos y empresarios corruptos, pues su gobierno “no buscaría venganza”. Lo grave es que la amnistía para los narcos, es una propuesta que se discutió en los últimos seis meses de la campaña electoral, y cada vez tiene más apoyos.

Todo comienza el 2 de diciembre de 2017, cuando en una de sus visitas a Quechultenango en el estado de Guerrero, ante la negativa de los militantes de su grupo a participar en las elecciones locales por miedo a la violencia (una semana antes, un aspirante a la alcaldía por el movimiento ciudadano, había sido asesinado a balazos), al candidato López Obrador se le ocurrió la posibilidad de ofrecer una amnistía a los líderes de los carteles, a cambio de que acabaran con sus prácticas violentas.

En abril de 2018, las agencias internacionales informan que “El proceso de paz y reconciliación que propone para México el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, va tomando una forma muy parecida a lo que se hizo en Colombia para poner fin a una guerra de medio siglo con la ex guerrilla de las FARC”. Recogen las declaraciones de Alfonso Durazo, que será Secretario de Seguridad Pública del nuevo gobierno, en el sentido que “el proceso de paz en Colombia es un ‘buen referente’ para México”, y que “algunos de los puntos que ha mencionado sobre el marco legal que se aplicaría en México coinciden absolutamente con el modelo colombiano”.

El espejo colombiano ha sido tan útil a los mexicanos que, ante las críticas de que se trataba de un “pacto con el crimen organizado”, López Obrador no dudó en argumentar que la amnistía “no significaba impunidad”; que la Ley se hará “en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, en particular, los derechos de las víctimas”; y que “no va a proceder para quienes hayan cometido actos de violencia o delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.

Sin embargo, a diferencia del caso colombiano, en el plano político y electoral, la propuesta de amnistía se concentra en tres grupos poblacionales. Primero, los “menores de edad que por diversas razones fueron cooptados por el crimen organizado”; segundo, los campesinos que hayan sido cultivadores y productores de coca; Y tercero, las mujeres que han “delinquido por amor”. Es decir, aquellas que “pudieron cometer delitos como portación de armas o drogas para ‘apoyar a su pareja’ involucrada en el crimen organizado”.

Por romántico que parezca, lo preocupante de la propuesta de López Obrador, no sólo radica en que, con el inicio de los foros públicos de discusión, el nuevo Presidente anunció que “desmilitarizará gradualmente la guerra contra las drogas”, sino por sobre todo que la Ley se convierta en patente de corso que le ofrezca a los jefes de los carteles seguridad jurídica y económica a cambio de acabar la guerra en México, sin importar que sigan delinquiendo en otros países.

Para los colombianos esa no es una buena noticia. No hay que olvidar que el 28 de enero de este año, El Tiempo ya mostró cómo los carteles mexicanos hacen presencia en diez departamentos de Colombia; y la Revista Semana (enero 30) reconoció que “los narcos mexicanos se apoderaron del control total del narcotráfico en el país”. Y que su accionar es cada vez más violento. Aunque sea por amor.