Campesinos, entre dos fuegos

En hechos que se investigan, al menos 6 campesinos murieron y más de 20 resultaron heridos, en un enfrentamiento entre la comunidad y la Fuerza Pública, cuando se intentaba desarrollar la erradicación de cultivos en la zona rural de Tumaco.

No es la primera vez que se presenta esta situación. Ya en mayo se reportaron fuertes choques con la comunidad, cuando la Fuerza Pública pretendió entrar a erradicar los cultivos ilegales, en Briceño (Antioquia), Arauca o San José del Guaviare, también con saldos de muertos y heridos.

Lo grave es que los enfrentamientos en Tumaco se presentaron pese a que la comunidad había aceptado entrar en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Así consta en el acta de implementación y desarrollo, suscrita con la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam-, como en los informes gubernamentales sobre la socialización y concertación del programa en Nariño.

La Coccam, nació en 2017 para “promover la implementación del punto 4 de La Habana (solución al problema de las drogas ilícitas) y aportar a la construcción de paz con justicia social en todo el territorio nacional”. Su asamblea constitutiva se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, con 800 delegados de todo el país. Y, según la oficina de prensa y comunicaciones, la organización propende “por la sustitución integral, voluntaria y concertada, la defensa de los usos rituales, ancestrales, medicinales e industriales de la coca, la industria alternativa de la marihuana y la amapola, así como al tratamiento de salud pública a la adicción y al consumo de las drogas”.

La pregunta es, si el proceso de erradicación estaba previamente socializado y concertado con las comunidades, y además por todas partes el Gobierno y las ONG exaltan la incorporación de cada vez más familias al programa o la firma de contratos con cultivadores, ¿por qué los enfrentamientos? ¿Qué es lo que está sucediendo en Tumaco (y también en Arauca o Guaviare), que impide que lo acordado se cumpla?

Claro que puede haber problemas de planeación y coordinación entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y la Fuerza Pública, para las acciones de erradicación. Pero el problema parece ser bien distinto: Hay ‘actores’ que no quieren ni sustitución voluntaria, ni erradicación forzosa. Y sí, se podría decir que, en primer lugar, están los propios campesinos, que derivan su sustento de la siembra de coca, porque desconfían de que el Gobierno vaya a cumplir con lo prometido en los acuerdos de sustitución o en la firma de los contratos. Sabemos que eso es cierto, pero que si tienen una alternativa, muy rápidamente sustituirán.

El problema está en los invisibles que quieren mantener el tráfico de narcóticos intocable. Grupos armados ilegales que se disputan a sangre y fuego el territorio, para quedarse con el control del negocio. Y que, según las denuncias, son los que presionan a los campesinos para que impidan la sustitución o la erradicación forzada.

Hay que esperar las investigaciones de los expertos forenses desplazados a la zona para tener información precisa de lo sucedido. Mientras tanto, lo único cierto, es que es hora de que organizaciones como Coccam y las demás que nacieron de los acuerdos de La Habana, así como exigen “acabar con la estigmatización, persecución, señalamiento y encarcelamiento que padecen miles de campesinos cultivadores”, también se movilicen para quitarle a las comunidades la presión de las organizaciones armadas ilegales que se benefician del negocio y mantienen fuerte al más importante combustible de la guerra: el narcotráfico. Por ahora, esa sí que sería una contribución a la paz.