Camino a la impunidad

Camino a la impunidad

Octubre 28, 2018 - 06:45 a.m. Por: Pedro Medellín

Siento pena por los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Prestarse a un simulacro de justicia, para sostener un proceso de paz hecho trizas por la fuerza del narcotráfico, debe ser una tarea muy amarga. Tener que dejar de llamar las cosas por su nombre, para evitar que los responsables de crímenes atroces no tengan el castigo que merecen, porque han amenazado con repetir sus fechorías, debe ser muy difícil.

Sin embargo, ahí están tratando de cumplir con el simulacro. Acomodando como mejor se pueda las obligaciones éticas y las responsabilidades jurídicas e institucionales que les fueron conferidas cuando fueron escogidos como magistrados de la JEP. Es lo que se deduce, cuando se lee la invitación cursada a tanto quienes fueron víctimas de secuestro por parte de las Farc, como a los familiares de aquellos que murieron en medio de semejante situación.

En la comunicación, suscrita por Julieta Lemaitre Ripoll, presidenta de la ‘Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas’, invita recibir los informes “de las víctimas organizadas, cuyos familiares fueron retenidos ilegalmente por las Farc-EP, presuntamente con finalidades de canje y/o que compartieron condiciones de cautiverio con ellos, con el fin de incorporar y dar un lugar central en este proceso a las víctimas de esta forma de violencia”.

La invitación había que leerla dos veces, pues sugería algo inaceptable: ¿Se van a recibir los informes de las víctimas que “fueron retenidos ilegalmente por las Farc-EP”? ¿Acaso no se trataba de un secuestro? ¿Cómo que retención ilegal de personas? ¿La JEP va a juzgar y castigar (sic) el delito de secuestro como si se tratara de una retención ilegal de personas?

La diferencia entre los actos de retener ilegalmente a alguien y secuestrarlo, es bien clara. Incluso desde la misma definición de diccionario. Mientras que la retención ilegal significa impedir (con medios por fuera de la ley) que alguien se mueva o actúe, el secuestro refiere al acto privar a un individuo de su libertad de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación; tomar por la fuerza un medio de transporte; imposibilitar judicialmente la distribución de un producto; o embargar un bien por la vía judicial. Eso si se tratara de un caso judicial común y corriente.

Pero si se considera en el contexto de un conflicto armado, la diferencia es más evidente y de mayor gravedad. En la justicia penal internacional, al secuestro se le define como delito de lesa humanidad. En el Artículo 7 del Estatuto de Roma, tratado internacional suscrito por Colombia, se define como delito de lesa humanidad, en el literal e, a la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional”.

¿Recuerdan las imágenes de los colombianos secuestrados por las Farc, encadenados al cuello y encarcelados en celdas armadas con alambres de púas? Aquí no sólo había secuestro, sino también tortura y en el caso de los diputados del Valle, genocidio.

Y mientras, los magistrados de la JEP llamando a un crimen de lesa humanidad, bajo la eufemística denominación de “retención ilegal de personas”… “presuntamente con finalidades de canje”, ¿presuntamente?
Y eso que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda en el amicus curiae dirigido a la Corte Constitucional señala que “La efectividad de las penas de los crímenes más graves que conllevan restricciones de libertades y derechos, dependerá de la implementación de un sistema riguroso de verificación, y de si su operatividad con actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena”. ¿Sistema riguroso?

Lamentablemente, no podemos esperar efectividad de las penas cuando los más altos jueces del país, incluyendo a la Corte Constitucional, han terminado avalando un orden que solo pavimenta el camino a la impunidad.

VER COMENTARIOS
Columnistas