Buen regalo de Navidad

Finalmente, el Congreso le da una buena Navidad a los colombianos: aprobar el proyecto que elimina la conexidad de los delitos políticos con el narcotráfico y el secuestro. Se trata de una decisión de gran calado. Significa que se acaba el recurso que le dio impunidad a secuestradores y narcotraficantes, con el argumento de que era para sostener política o económicamente su lucha por cambiar el régimen político y a quienes lo gobernaban (!!!).

Resulta incomprensible que a esta altura de la vida, los colombianos nos tengamos que alegrar por una reforma de esas, sobre todo cuando permanecen frescos los años en que los narcos reventaron el país a punta de bombas. Y cuando los secuestradores se siguen enriqueciendo a costa de arrancar por la fuerza a miles de personas de sus familias y sus trabajos.

Y más incomprensible aún, que les hayamos dado el estatus político al convertirlos en parte de una lucha altruista por cambiar el régimen político o por sacar del poder a quienes lo utilizan en beneficio propio. Y lo hicimos con el argumento de que con eso se acababa la guerra. Humberto de la Calle reconoció que aceptar el narcotráfico y el secuestro como conexos pretendía “permitir que sus responsables recobren la posibilidad de ser elegidos para cargos públicos, una vez purgada la pena”. Y “Que sus autores no sean extraditados”. Terminó la guerra con las Farc, el narcotráfico controla más de la mitad del territorio y el secuestro sigue campante.

Es evidente que la razón del delito político está dada por el altruismo de su fin último: combatir un determinado régimen político, bien buscando su caída y la sustitución por otro que se considera más conveniente. Y con eso va también la caída del orden jurídico que lo sostiene, y de la clase que lo controla.

Pero aquí estamos hablando de delitos atroces. Es decir, aquellos que transgreden los límites de la dignidad humana. Y esa transgresión se extiende más allá de la familia. No es sino ver los dramas de las familias de aquellos que han sido arrancados de su entorno o de aquellos que se han dejado ir en el mundo de las drogas. Lamentablemente no terminan de reponerse completamente.

¿Qué tiene de altruista inducir a un niño en el consumo de narcóticos, con tal que con su consumo ayude a pagar la lucha armada por acabar con el régimen político y sus dirigentes? ¿Qué tiene de honorable una lucha política que se juega a costa de quitar la libertad a otro?

En distintas sentencias, la Corte Constitucional había calificado esos delitos como “un atentado directo contra la esencia del hombre y vulnera de forma grave la personalidad de las víctimas, de sus familiares y allegados”.

Claro, también hubo magistrados que tomaron distancia de esa afirmación pues, como afirmó el entonces magistrado Leónidas Bustos en la aclaración de su voto: “El delito del narcotráfico es conexo al delito político, pues no existe ninguna prohibición para conceder amnistías o indultos a los responsables del delito del narcotráfico; ya que sólo se prohibe de manera taxativa, la conexidad para aquellos delitos considerados como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 43713 de 2015).

En ese mar de ambigüedades, perdimos el horizonte de lo que debe ser aceptable y lo que no. Con la JEP y la Ley de Amnistía, el país se metió de cabeza, sin medir las implicaciones que tenía cometer semejante despropósito. Menos mal que ahora se corrige el error, precisando las reglas de juego contra una fuente inmensa de impunidad. Un buen regalo para estas épocas. Una feliz Navidad para todos.
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