¡Ay, la paz, la paz!

Los amigos del ‘Sí a la Paz’ no terminan de exaltar los Acuerdos de La Habana como el vademécum de las soluciones totales y definitivas, cuando el Fiscal General de la Nación tiene que llamar la atención del gobierno sobre las amenazas que tiene la llegada al cielo que se anuncia. Lo que preocupa al Fiscal no solo es la dinámica de crecimiento sostenido de las áreas cultivadas con coca en el país, que -según sus cálculos-, en los últimos años se han multiplicado hasta alcanzar cifras que “podrían superar con creces las 100 mil hectáreas.” en el último año. Lo que verdaderamente inquieta al funcionario es “el gravísimo riesgo de que, como resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz, se dé inicio a una nueva forma de perturbación del orden público en esos territorios, resultado de la lucha de otros actores armados ilegales por cooptar las zonas de normalización, lo que ya empieza a evidenciarse”.La inquietud de Martínez Neira es absolutamente legítima. El que sólo entre enero y agosto de 2016 se hayan incautado 206 toneladas de cocaína, frente a las 252 confiscadas en los doce meses de 2015 y las 148 toneladas de 2014, revela que el negocio de los narcotraficantes va creciendo a un ritmo nunca conocido en el país. Si se calcula que, considerando el aumento del 20% en los precios en el primer semestre del año, cada tonelada está movilizando por encima de los 39 millones de dólares, no resulta difícil prever dos cosas: Primera, que -si no se reacciona- muy pronto regresaremos (y muy seguramente sobrepasaremos) a las 236 mil hectáreas que Colombia tuvo sembradas a principios de los 90; Y segunda, que semejante negocio no desaparecerá ni se contraerá con el abandono de la acción armada de las Farc. Más bien, lo que se debe esperar es que otros grupos armados ilegales, entren en la disputa por asumir el control de los territorios y las rutas dejadas por el grupo armado. Y esas disputas implicarán un reacomodamiento de los ejércitos ilegales que entren en esa guerra y, por supuesto, una mayor demanda de armas que les permitan actuar, dinamizando todavía más la economía de la violencia que se desarrolla paralela al tráfico de narcóticos. Ahora, lo realmente grave no es que la carta del Fiscal tenga como destinatario al Ministro de Justicia (que es uno de los que más activamente anda recorriendo el país en busca de apoyo del ‘Sí a la Paz’), sino que su contenido sugiera que el gobierno ni es consciente del problema que se viene encima con la firma de los acuerdos, ni está preparado para enfrentar los desafíos que el proceso le plantea. Porque si el tema “estuviera controlado”, el Fiscal General no habría tenido necesidad de enviar ninguna comunicación. Aún cuando es bastante probable, que se venga un alud de criticas por convertirse en “enemigo de la paz” o en “profeta del desastre”, hay que decir que es absolutamente responsable la solicitud que el Fiscal General hace al Consejo Nacional de Estupefacientes, de “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”, así como de “estudiar el avance y ejecución de los programas sociales y de desarrollo alternativo en materia de erradicación de cultivos ilícitos”. Antes que andar vendiendo las virtudes de votar por el Sí, el Ministro de Justicia debería estar evaluando bien lo que se está haciendo. Y, si se necesita, tomar medidas urgentes. Y más vale que lo haga rápido, porque no se está ante una guerra de escasa magnitud. Lo que está en juego es, ni más ni menos, que la lucha por el control de la que ha sido quizá la principal fuente de financiación del conflicto armado del país: el tráfico de cocaína. Y si hablamos de paz, allí más que en ningún otro terreno hay que estar muy bien preparados.