Asunto de seguridad nacional

Como si hiciera falta, Cali está ante un nuevo y gravísimo problema si no se actúa de manera inmediata. En virtud en un error técnico cometido en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado bajo el Acuerdo 0373 de 2014, se han expedido licencias de construcción y construido edificaciones que ponen a la ciudad ante un riesgo de tragedia.

Me refiero a las licencias que se han expedido y las construcciones que se han iniciado en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El asunto es simple. La regulación de su actividad, la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), ha establecido las llamadas ‘Superficies Limitadoras de Obstáculos’, que son zonas que se demarcan alrededor de los aeropuertos por encima de los que no puede haber ningún obstáculo, para evitar una tragedia. La extensión varía en función del tamaño de los aviones y el tipo de operaciones que realiza.
En 1947 Colombia adopta esa regulación con la expedición de la Ley 12 de ese año, y desde entonces rige las construcciones y los usos del suelo en las inmediaciones de los aeródromos civiles y militares.

Sin embargo, en la elaboración del POT para Cali, se desconoció esa normatividad y en cambio se propuso un mapa en el que, basados en un ‘Índice de construcción base’, se estableció que en un perímetro de 500 metros, la altura de las edificaciones “se restringe la altura a dos (2) pisos”.

El problema está en que el área de seguridad que requiere el despegue y aterrizaje de las aeronaves de la Marco Fidel Suárez supera esos 500 metros. Y en esas áreas ya se han expedido licencias e incluso se están iniciando proyectos de construcción de viviendas, que superan la línea roja por encima de la cual la regulación internacional impide cualquier obstáculo.

Así por ejemplo, en la Calle 70 entre carreras 4 y 5, ya se ha construido una unidad residencial que supera en 8 metros con 44 centímetros la altura permitida por la regulación internacional. Y para la Carrera 8 con Calle 25 está en trámite la aprobación de un edificio que superaría en 63 metros la altura permitida. Con el agravante de que el proyecto se encuentra en la zona de aproximación directa a la pista de la Base Aérea. Y hay otros dos proyectos con licencias aprobadas, que no han iniciado construcción.

El riesgo de una tragedia es de tal magnitud, que la FAC ha tenido que interponer una acción popular, para que un juez intervenga las licencias de construcción de tales edificaciones, argumentando que vulnera las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en el Decreto 410 de 1970 (1823 y 1824), y la reglamentación de la Oaci (Ley 12 de 1947).

Habrá quienes consideran que los terrenos de la Base Aérea podrían ser un polo de desarrollo para la ciudad. Bien por el aporte ambiental que haría al convertirse en un parque para la ciudad, o bien porque el traslado de la Marco Fidel Suárez reduciría el nivel de riesgo que implica para los habitantes de la zona tanto el aterrizaje y despeje de aviones, como los ataques terroristas de los que puedan ser objeto. Ese será un tema que habrá que discutir.

Pero no hay que olvidar que desde 2013, ante la situación de orden público en este lugar del país, el Gobierno creó el Comando Aéreo de Combate No 7, con la misión de controlar el espacio aéreo colombiano en esta región del país, así como, la vigilancia de áreas de frontera y el desarrollo de operaciones militares contra los diferentes Grupos Armados Organizados (GAO), que delinquen en la que ahora se llama Área Estratégica No1, compuesta por los departamentos de Nariño y Cauca, así como, en su zona de atención prioritaria, en el departamento del Valle del Cauca.

Y mientras persistan las amenazas que tenemos, el interés privado de los constructores por aprovechar la Base Área, tendrá que esperar. Es un asunto de seguridad nacional.