Por favor, no nos envenenen

La fumigación con glifosato es “éticamente indefendible”, afirmó ante la Corte Constitucional el exministro de Salud Alejandro Gaviria, conocedor del tema no sólo porque siendo ministro lo estudió a fondo, sino porque su condición de paciente recuperado de un linfoma non Hodgkin, uno de cuyos causantes es el glifosato, lo llevó a investigarlo en profundidad.

“Si la salud es un derecho fundamental, el Estado no puede actuar en su contra”, dijo Gaviria. “Eso significa que no solo se debe tener en cuenta la certeza del daño, sino la potencialidad del daño”.

Es que si hay evidencias que muestran que el glifosato puede ocasionar cáncer, que tiene una alta probabilidad de aumentar la mortalidad infantil, que ocasiona problemas dermatológicos y respiratorios y que puede interferir en el desarrollo embrionario, ¿cómo puede el Estado pasar por encima de la salud de sus pobladores y, por darle gusto a Trump, envenenarlos masivamente a base de forzarlos a respirar glifosato y a convivir con ese veneno que, en el caso de la fumigación de la coca, se usa en unas concentraciones altísimas?

Además al fumigar la coca con glifosato el Estado no sólo estaría envenenando a los campesinos, sino que estaría agravando el problema social y de orden público porque los cultivadores no sólo se sentirían agredidos sino que, para sobrevivir, sembrarían coca en otro lugar o, lo que es peor, empezarían a trabajar para bandas armadas como las Autodefensas Gaitanistas o Los Caparrapos, que están al servicio de los carteles mexicanos, siembran el terror en varias regiones, les garantizan a quienes ingresan a ellas un pago de un millón de pesos mensuales y reclutan niños menores de once años, como sucede en el Bajo Cauca.

Genera angustia que el presidente Duque y su gobierno no se den cuenta, como lo estableció el informe de Naciones Unidas sobre el monitoreo y la verificación del programa de erradicación voluntaria de cultivos de coca, que la solución de llevar a los campesinos a las buenas a cambiar la coca por otros cultivos y facilitarles opciones distintas para que sobrevivan, es la única que a la larga es eficaz en la lucha contra la proliferación de cultivos ilícitos: según el informe de la ONU, mientras que la resiembra de cultivos ilegales es del 35 % cuando se realiza la erradicación forzada, ella desciende al 0,6 % cuando la gente erradica los cultivos de manera voluntaria.

El gobierno tiene que entender que si quiere obtener resultados a mediano y largo plazo, a las patadas las cosas no le van a funcionar. (¡A no ser que lo que el Presidente quiera sea envenenar con glifosato vastos territorios del país para mostrarle a Trump que las cifras de hectáreas cultivadas con coca bajaron, sin que le importe que después, cuando él se esté yendo de la Presidencia, la coca se multiplique!).

Como tantas veces se ha dicho, la lucha contra el narcotráfico es desgastante e ineficaz. Razón tiene el expresidente Santos al afirmar, como lo hizo en la Corte Constitucional, que “el objetivo de la lucha mundial contra las drogas debe ser el de quitarles las rentas ilícitas a los ilegales”. Y, para lograrlo, debe haber “una adecuada regulación de una oferta y un consumo debidamente autorizado, legalizado, como ya se hace en varios países. Lo ideal, dijo, “es alcanzar un consenso al respecto en la comunidad internacional, pero falta mucho para que se dé”.

Sin embargo, mientras ello ocurre, ¡la solución del gobierno no puede ser envenenarnos!

Sigue en Twitter @patricialarasa