Negros nubarrones

No quiero posar de Casandra. Pero el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, líder de víctimas y desplazados y madre de dos hijos asesinados también, ocurrido el martes cuando se movilizaba en un bus en Medellín, cubre con negros nubarrones la ejecución de la Ley de Víctimas y de Tierras. Ana Fabricia, una negra valiente, quien agobiada por el dolor del asesinato de sus hijos (“me tocaba hablar porque se metieron con mis dos hijos y… mejor que me mataran a mí que a mis dos hijos,” había dicho alguna vez), se había dedicado a hablar duro: dirigente del barrio Santa Cruz, en el sector nororiental de Medellín, fundó la ONG Líderes Adelante por un Tejido Humano de Paz (Latepaz) y pertenecía a la Ruta Pacífica de las Mujeres, organización que busca la solución negociada al conflicto interno.En las últimas semanas, había denunciado que recibía constantes amenazas de muerte. Según su hija, Diana Ospina Córdoba, el homicidio de su madre está relacionado con el asesinato, hace casi un año, de su hermano Jonatan, cometido, según serios indicios, por un sargento de la Policía de Medellín, acusado por Ana Fabricia.Ella, en noviembre del 2010, a propósito del asesinato de su hijo, afirmó: “llegó un muchacho, Julián Andrés, del mismo barrio y le dijo: ‘Jonatan su mamá le mando unas cositas’, y esperando dizque lo que yo le mandaba, lo coge la patrulla de la Policía de La Cruz , la 133084… y me lo monta el teniente ahí y dos hombres de civil (...) me lo iban a pasar por ‘falsos positivos,’ pero no les di tiempo porque me moví en la Procuraduría y la Defensoría desde muy temprano(...) ¡Qué dolor tan grande!”. Hoy, la hija dice que lo ocurrido se “veía venir”, pues su madre decía: “a mí me van a matar, pero lo que yo quiero es justicia”.?Diana Ospina Córdoba agregó que la noche anterior había recibido una llamada amenazante: “todos van a quedar igual”, cuenta que dijeron. Ella le pidió al Gobierno que asegure que esos crímenes no quedarán impunes y que les brinde seguridad tanto a ella como a sus hermanos. ¡Ahora lo peor que puede ocurrir es que uno de ellos, o todos, también terminen asesinados!Ya el Vicepresidente, Angelino Garzón, reconoció que esa muerte habría podido evitarse y pidió investigar si, en ella, participaron miembros de la Policía. Y el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, ofreció $150 millones de recompensa por la muerte de la líder, aceptó que el crimen se pudo evitar, no descartó que resulten responsables policías, indicó que la investigación está en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, y dijo: si hay policías involucrados, “no nos temblará la mano para someterlos a la Justicia. Ese homicidio hemos debido evitarlo”. Por otra parte, el senador Juan Fernando Cristo, promotor de la Ley de Víctimas, le hizo un llamado al Gobierno para que replantee la seguridad y protección de los afectados por el despojo de sus tierras y consideró que el crimen de Ana Fabricia es una amenaza para la ley.Y tiene toda la razón: si el Presidente Santos y sus Fuerzas Armadas no logran garantizar la seguridad de los despojados de las tierras, esa espléndida ley se quedará en el papel, convertida en letra muerta y, en lugar de partir en dos la historia del país, dividirá en dos la de las frustraciones que Colombia ha vivido generación tras generación.