La Corte Penal al acecho

Esta semana ocurrió un hecho político sin precedentes: se produjo un acuerdo entre dos archienemigos: Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Lo suscribieron también miembros del Partido Verde, el liberal Luis Fernando Velasco, el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara y otros.

Se trataba de hacerle una modificación a la JEP que ‘beneficiara’ a los militares: en el texto concertado Uribe aceptaba que no se conformara una sala aparte para juzgar a los militares, como pretendía antes, a cambio de que Petro accediera a que se nombraran 14 magistrados nuevos, especializados en temas militares, que estudiaran los casos de los oficiales sometidos a la JEP, y que se estableciera que “para los procesos ante la sección de no reconocimiento la sola confesión de quienes se sometan o puedan ser llamados a comparecer ante la JEP, no podrá ser prueba suficiente” en su contra. Y en todo ello cedió Petro porque Uribe comprometió su palabra, públicamente, a que no le hará más modificaciones a la JEP aun cuando, como zorro político que es, dijo que seguirá criticándola.

Sin embargo ese pacto, que parecía tan bueno, tuvo una falla gigantesca: que no obstante que se trataba de una modificación al Acuerdo de La Habana, no fue concertado con las Farc, el otro signatario del pacto. Y sin ellas no podía aprobarse porque más o menos equivalía a casarse sin pedirle el consentimiento al consorte.

Ya las Farc dijeron que, si pasa la reforma, le solicitarán a la Corte Penal Internacional que intervenga. Además es muy probable que si el Congreso lo aprueba, y no lo hunde la Corte Constitucional, lo cual también es probable, acabe perjudicando enormemente a los militares, pues lo más seguro es que, si ello ocurre, intervenga la CPI que tiene en la mira a los uniformados acusados de cometer más de tres mil asesinatos en casos de falsos positivos.

Así lo acaba de advertir el vicefiscal de la CPI, James Stewart, en su reciente visita a Colombia. Él fue muy enfático al afirmar que “la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ve con preocupación unos aspectos de las reglas de procedimiento de la JEP que fueron aprobadas por el Congreso”.

Y también manifestó que “la creación de una sección y de un procedimiento separados para las Fuerzas Militares, que los separe del marco existente de la JEP, creará un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente. Esto será visto de forma negativa por parte de la Fiscal de la CPI”.

De manera que la intervención de la CPI para garantizar que se haga justicia en los casos de los falsos positivos, es una amenaza real. Y si bien no se aceptó crear una sección independiente para los militares, el que se nombren magistrados para juzgarlos, que pudieran ser considerados por la CPI como proclives a absolverlos, también puede provocar esa intervención.

De modo que ojalá se hunda el texto concertado en los 7 debates que faltan.

Entre otras cosas, tampoco sería grave que ello ocurriera: es que la JEP les gusta a muchos: a los guerrilleros, a los paramilitares, a los militares (cada vez se acogen más Generales a ella) y a la CPI. A los únicos que nos les gusta es al Fiscal General al que la JEP le hace competencia, y a Uribe y Cía., quienes tal vez les temen a las confesiones que se hagan ante ella.

Así que como decía el vicefiscal Stewart, “permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Y apóyenlos”.

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