6024455000Un vestido muy remendado
La Constitución de 1991 abrió espacios políticos, territoriales y ciudadanos, muchos de los cuales se han quedado en letra escrita. Pero su estructura básica es garantista, social, participativa, lo cual es su principal valor
Durante los actos iniciales de celebración de los treinta años de promulgación de la Constitución de 1991, se ha recordado cómo ésta llegó en un momento muy crítico de la Nación, con graves problemas institucionales, políticos y sociales por resolver. Se dijo entonces que era una nueva arquitectura institucional para el país y una garantía para la paz pública, sobre la base de sus principios fundamentales: la existencia de un estado social de derecho, la soberanía popular y la democracia participativa.
Cabría preguntarse entonces por qué treinta años y 56 reformas constitucionales después, hay semejante crisis institucional, política y social por resolver. ¿Ha servido para algo? Se atribuye a Napoleón haber dicho que las constituciones deberían ser cortas y generales, para que los cambios sociales pudieran ajustarse a su interpretación sin tener que cambiarla. Un ejemplo es la Constitución norteamericana que ha tenido 27 enmiendas desde su promulgación en 1787, todas referidas a asuntos que se añadieron con el criterio de que esos cambios emergentes estaban en el espíritu del texto original.
La Constitución de 1991 abrió espacios políticos, territoriales y ciudadanos, muchos de los cuales se han quedado en letra escrita. Pero su estructura básica es garantista, social, participativa, lo cual es su principal valor. Algunas de las 56 reformas hechas reflejan el deseo de afianzar esos valores. El asunto es que por su reglamentación detallista (380 artículos) cada vez que hay que cambiar algo que bien podría hacerse por una Ley de la República, pues hay que reformarla. Sin contar que algunas cosas como los cambios al régimen político: aprobación y luego supresión de la reelección presidencial, reformas de los partidos, las bancadas, los procedimientos de elección, el equilibrio de poderes, la moción de censura, ha terminado por crear problemas más graves que los que se querían resolver.
Otros, como los muchos mecanismos de participación que se establecieron, consultas, referendos, plebiscitos, asambleas constitucionales. lo fueron de tan compleja manera que no ha tenido ninguna aplicación práctica. Lo mismo podría decirse sobre los mecanismos de integración territorial, para no hablar de la elección y organización de las altas cortes, o el abuso de la tutela, que han terminado por crear una preocupante inseguridad jurídica. Y eso que la acción de tutela y la existencia de la Corte Constitucional, son dos de sus principales logros.
La Constitución de 1991 es hoy un rehén del poder legislativo, que la ha venido reformando en defensa de sus intereses. El 27% de las reformas han sido sobre temas políticos, y no hay un asunto que vaya más manga por hombro que ese, ni mayor fuente de desorden institucional. Con el agravante que está demostrado hasta la saciedad que el Congreso es incapaz de reformarse así mismo.
Así que pareciera que ha llegado la hora de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, limitada en sus temas, no para reemplazar a la actual, una dama joven con un vestido de gala muy remendado, sino para corregir lo que el Congreso no ha podido hacer.
Utilizar el complejísimo proceso de la Asamblea para enderezar su camino, que es el mejor homenaje que podría rendírsele en este aniversario. Misión que, por supuesto, correspondería al siguiente gobierno, pues el presente se acerca a su ocaso sin pena ni gloria.
